Una investigación periodística publicada por la Revista Análisis, respaldada con datos aportados por los concejales Carola Laner (Frente Renovador) y Esteban Benítez (Cambiemos) reveló que el policía Passarello habría acumulado dos cargos y sueldos simultáneos, en abierto desafío a la legislación que regula la actividad policial.
Mientras desde Asuntos Internos partían citaciones para que diversas personas aporten datos que pudieran contribuir a esclarecer el comportamiento del policía-funcionario, trascendió en las últimas horas que Diego Passarello presentó un pedido de 6 meses de licencia sin goce de sueldos en la fuerza de seguridad, mientras continuará desempeñándose como funcionario municipal.
La solicitud de Passarello de dar un brusco y momentáneo paso al costado sería consecuencia de la presión de sus superiores, que pusieron bajo la lupa su actuación, a punto tal que se inició un sumario y no se descarta que sean llamados a declarar los ediles Laner y Benítez.
Si bien la licencia sin goce de haberes parece descomprimir en algo la situación de Passarello en la Policía, no es de descartar que la investigación de su comportamiento termine en la Justicia. "Acá no hay sólo una cuestión administrativa. Acá hubo algo oculto durante varios años. Esto tiene que ir a la Justicia directamente", explicaron a ElEntreRíos desde las filas policiales.
Passarello es el hombre a quien el intendente Enrique Cresto confió la creación y manejo de la Guardia Urbana de Concordia, una fuerza que empezó a funcionar sin que sus facultades y competencias estuvieran claramente estipuladas por una ordenanza.
Las presuntas irregularidades de la Guardia Urbana
Por empezar, esta especie de "policía municipal" estaría "floja de papeles", puesto que fue creada por decreto, sin que la discusión legislativa haya concluido. El proyecto de Ordenanza ha mutado a lo largo del tiempo, porque fueron surgiendo incompatibilidades entre la idea original y lo que realmente se puede hacer. Fueron los concejales Carola Laner (Frente Renovador) y Esteban Benítez (UCR) los que fueron marcando las irregularidades que han provocado las modificaciones del proyecto del intendente Enrique Cresto.
"Este proyecto de Guardia Urbana fue mutando y fue pasando por diferentes deformaciones. Es porque pasamos de tener un proyecto de ordenanza original en donde se podía ver a una especie de agentes 'símil Fuerzas Armadas' con rango de empleados municipales, que podían portar desde 'tonfas, esposas, precintos y gases', que además podían hacer arrestos particulares. Después pasamos a hablar de una unidad de prevención y seguridad, cuasi placeros que se encargaran del cuidado de las plazas. Y terminamos en una especie de caja compensadora, que busca ayudar a quienes están sin trabajo, o a quienes cobran como jubilados de la provincia y así se ganan un dinero extra", señaló la concejala Laner en su momento.
Es decir, en estos momentos existe una Guardia Urbana que cumple el rol de policía sin estar capacitado ni habilitado por ley y sin que haya mediado una decisión del Concejo Deliberante.
Si bien se dice públicamente que estos agentes no pueden llevar a cabo acciones típicas de la policía (detenciones, portación de armas, etc.) hay quienes aseguran que esto no es así en los hechos: "En la realidad, son como la policía pero sin contar con la legalidad que los respalde", aseguró un dirigente político de base. De hecho, hay fotos que muestran que agentes de esta guardia portan armas, aunque no se puede comprobar que esto sea generalizado: "Puede ser que los que tienen armas tengan la portación legal a modo particular", analizó.
Sin embargo, en los hechos, la Guardia Urbana acciona como la policía: "De hecho, aplican la misma lógica de distinta vara. En los barrios, por ejemplo, a los narcotraficantes no los tocan, pero si ven a un pibe fumando un porro si lo persuaden", ejemplificó un militante social citado por Análisis.
Otra de las presuntas irregularidades es que los integrantes de la Guardia Urbana son monotributistas, es decir, trabajadores precarizados que están a cargo de tareas de seguridad que no le competen al Municipio. Se calcula que el salario de cada uno de los integrantes es de alrededor de 12 mil pesos.
Al ser monotributistas, los integrantes de dicha Guardia no pueden responder por sus actos como funcionarios del Municipio.
El problema es que la iniciativa cuenta con cierta legitimidad por parte de la comuna. Con la creencia de que la mayor presencia de agentes -sea del tipo que sea- garantiza la seguridad, parte de la sociedad concordiense está de acuerdo con la presencia de la Guardia Urbana, sin prestarle relevancia a las presuntas irregularidades apuntadas.
Eventos públicos, la recorrida por los barrios, la seguridad en la costanera, etc., todo está bajo la órbita de la Guardia Urbana. A modo de ejemplo, es esta policía municipal la que "protege" los comedores comunitarios de Concordia.
"Yo sinceramente tengo disidencias muy claras con este proyecto y no quiero terminar autorizando un estado policial encubierto, sin ningún tipo de formación. Acá tenemos que ser consciente que ante cualquier problema, el municipio deberá responder ante cualquier eventual falla de las personas que cumplan esa función. Y, decididamente, estamos interviniendo en cuestiones que son estrictamente de la órbita provincial. Por lo que tengo mis serias reservas las facultades constitucionales y legales", señaló en una de las discusiones la edil del Frente Renovador.
Existen otros departamentos de la provincia donde funcionan grupos de Guardia Urbana (Maciá, Uruguay y Gualeguay son algunos) pero hasta el momento no se han detectado ni denunciado las irregularidades señaladas en Concordia.
Incompatibilidades de Passarello
Diego Passarello es el Director de Prevención y Seguridad del Municipio. Está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Concordia. Su dirección fue creada a finales del gobierno municipal de Gustavo Bordet y profundizada en tiempos de Enrique Cresto. Bajo su ámbito funciona esta Guardia Urbana."La Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, se crea mediante ORDENANZA Nº 35.597 de fecha 26 de Noviembre de 2015, la cual, establece en su Art. 3° “. . . Que es competencia de esta área, coordinar y organizar las actividades necesarias para el cumplimiento de la política municipal en lo referente a la gestión de la seguridad ciudadana, fijando criterios comunes con otros organismos de orden público y privado, provincial y nacional, Fuerzas de Seguridad, Policías Provincial y Federal y la Justicia para la prevención del delito como la utilización de cámaras de seguridad ciudadana - Sistema 911 u otros-, botones antipánico, control urbano con distintos grados de intervención, alarmas comunitarias, senderos seguros, policía local y todos aquellos programas que se consideren y sean compatibles con su objetivo principal. Representa al Presidente Municipal, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno en el Consejo Municipal de Seguridad Local Preventiva. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno", señala en su web el Municipio de Concordia sobre el área que tiene a cargo Passarello.
El funcionario es policía y figura como adscripto al Municipio, con 25.000 pesos de retribución mensual. Por su cargo en la Policía cobraba otros 25 mil pesos, lo que hace que Passarello reciba por este doble rol un ingreso mensual de 50 mil pesos.
De hecho, los concejales opositores señalaron esta incompatibilidad allá por septiembre del año pasado. Lo hicieron con la ley en mano: "Ningún funcionario policial podrá aceptar funciones públicas electivas o participar en las actividades de los partidos políticos", dice el artículo Nº 12, inciso N de la Ley provincial N°5654 que regula el Reglamento general de Policía de Entre Ríos.
"La figura del adscripto sirve para ser seguridad de algún funcionario, pero no para ser funcionario. Passarello cobra dos salarios, el del Municipio y el de la Policía de Entre Ríos. Debería haber pedido licencia sin goce de sueldo en la PER para cumplir la función de Director de Prevención y Seguridad de Concordia", explicó una fuente ligada a la fuerza de seguridad provincial.
Pero además, el doble rol de Passarello entraba en crisis con la Ley de Incompatibilidades (N°7.413) de la provincia, que en su primer artículo señala: "El personal de la administración pública provincial que a la fecha de la presente ley, desempeñe más de un empleo en la misma o en la administración pública nacional o municipal, ya sea que dicha acumulación se produzca en una o más de las citadas administraciones, deberá optar por uno solo de los empleos".
En la misma ley, se señala que "el personal que encontrándose comprendido en las disposiciones de la presente ley, incumpliere con las obligaciones que ella o su reglamentación impone o que realizare acto tendiente a alterar, ocultar o disimular de cualquier forma su verdadera situación de empleo en la administración pública nacional, provincial o municipal, incurrirá en falta grave pasible de la sanción de cesantía".
La quita de las horas de adicionales y la posición de Passarello no ha hecho más que aumentar la presión en la caldera de la Policía concordiense. De hecho, otra de las cosas que causó malestar es que el funcionario en cuestión no sólo cumple dos funciones, sino que está a la espera de recibir un ascenso dentro de la PER. Es decir, sin cumplir las funciones habituales de un policía, Passarello está en el puesto 54 del orden de mérito para ser ascendido, por delante de un centenar de funcionarios policiales que cumplen sus funciones habituales en la calle. Passarello ya había sido ascendido gracias a una gestión del intendente Enrique Cresto con el entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.
"Si bien la seguridad no es competencia directa del Municipio, para el intendente Enrique Cresto es prioritario que se trabaje en conjunto, apoyando desde nuestro ámbito y desde nuestras posibilidades las políticas que llevan adelante el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, a través de las distintas fuerzas de seguridad", había dicho Passarello allá por marzo del año pasado. Sin embargo, esa articulación entre las fuerzas de seguridad y el área que dirige Passarello no se está dando y más bien lo que surgen son una serie de incompatibilidades, que por estas horas son objeto de investigación del área de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos.
