Suele decirse, como una verdad de Perogrullo, que la justicia es lenta y que no siempre llega. Las estadísticas muestran que lleva diez, quince o veinte años arribar a una sentencia en una causa de corrupción.
Nueve años le llevó a la justicia arribar a un veredicto en el caso del ex senador Mario Yedro, espada legislativa de Jorge Busti en los períodos 1987-1991 y 1995-1999 y el primer dirigente político condenado por enriquecimiento ilícito en la historia de la provincia Entre Ríos.
Yedro fue condenado el 16 de diciembre de 2005. Un tribunal le impuso una pena de tres años de prisión en forma condicional, multa e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por diez años. También fue condenada su esposa, Silvia Yolanda Torres. “No se advierte que los movimientos de expansión económico-financieros desplegados se adecuen y respondan a ingresos lícitos provenientes de las actividades públicas y privadas de los mismos”, expuso el tribunal en la sentencia.
El ex senador peronista no iría a la cárcel pero tendría que devolver tres fracciones de campo cuya extensión ascendía a 2.165 hectáreas, en el departamento Tala, por las que dijo haber pagado 800 mil dólares, aunque los peritos aseguran que valía mucho más.
Ese aspecto de la sentencia, el decomiso del campo, todavía anda dando vueltas en la justicia porque Yedro, a través de la firma Del Rubio & Hunmendi SRL, viene reclamando la devolución del campo que está escriturado a nombre del Estado entrerriano.
Semejante dislate se materializó a través de una acción de reivindicación que presentó la firma Del Rubio & Hunmendi SRL argumentando que el campo en cuestión no pertenecía a Yedro sino a la sociedad, que tiene a Yedro como socio principal. El trámite tuvo varias idas y venidas en los tribunales hasta que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso, hace unos días, que la cuestión tramite en el fuero civil.
La respuesta de Signes
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, consideró que “no es factible que el campo vuelva a manos de Yedro” y argumentó que eso no podría pasar “porque la sentencia en el caso de enriquecimiento ilícito que ese dictó hace más de diez años ya quedó firme, allí se dispuso el decomiso del bien adquirido con el producto de ese enriquecimiento ilícito y esa sentencia tiene carácter de cosa juzgada”.En diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, el funcionario aseguró que “no hay posibilidades jurídicas de que la sociedad que Yedro constituyó con su esposa e hijas tenga la posibilidad de recuperar el campo porque sería echar por tierra la cosa juzgada” y explicó que “sería un escándalo jurídico en el sentido de que no puede haber contradicciones flagrantes entre las sentencias que dictan los jueces, y para eso está el instituto de la cosa juzgada, que significa que una vez que una sentencia ha quedado firme (el asunto) no se puede volver a discutir”.
La firma en cuestión, Del Rubio & Hunmendi SRL, quedó registrada en octubre de 1996, como una sociedad integrada por Mario Alberto Yedro, Silvia Yolanda Torres, Juan Martín Telayna, Jorge Antonio Cutro y Juan Domingo Orabona, cada uno con un aporte inicial de 20 mil pesos; pero estos tres se retiraron a partir del 17 diciembre de 1997, cediendo sus acciones a favor de la esposa del entonces senador.
El 22 enero de 1998, la sociedad que ahora integraban Yedro y Torres inscribió como propias las tres fracciones de campo cuya extensión total era de 2.165 hectáreas, adquiridas a la empresa Marca SA. El ex legislador dijo haber pagado 100 mil dólares en efectivo y por el resto constituyó una hipoteca a favor del vendedor, que luego fue levantada mediante un complejo y, según la justicia, ficticio esquema de préstamos bancarios tendientes a justificar su enriquecimiento ilícito.
Del Rubio & Hunmendi SRL volvió a tener un cambio en su composición el 3 de abril de 2003, a partir del divorcio de Yedro y Torres, cuando ella cedió en forma gratuita sus acciones a las hijas del matrimonio, Fátima, Luciana y Lara. Para entonces la justicia ya investigaba al ex senador y su esposa por enriquecimiento ilícito.
Yedro fue condenado pero intentó resistir el decomiso del campo e incluso siguió explotándolo, lo que le valió una condena y estadía en prisión por usurpación.
Mientras tanto, la firma Del Rubio & Hunmendi SRL, es decir, Yedro y sus hijas, se presentó ante la justicia a reclamar la devolución del campo argumentando que el decomiso significaba condenar a un tercero que nada tenía que ver con delito.
