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A través de la Resolución 750, se estableció el retorno de las visitas en las cárceles de Entre Ríos desde el lunes 2 de noviembre, bajo un estricto protocolo. Pero un grupo de internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná habían declarado una huelga de hambre este martes, en desacuerdo con las medidas dispuestas por Salud. Esto derivó en una reunión convocada por la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, y de la que participaron representantes del Ministerio Público de la Defensa; funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia; autoridades del Servicio Penitenciario, abogados del foro local y dirigentes de organismos de derechos humanos.

El encuentro, que se extendió durante dos horas y media, "se realizó en el marco de un diálogo fluido y respetuoso", aseguró Bértora. La jueza indicó que una representación de 30 detenidos de todos los pabellones pudo formular sus planteos: más tiempo para las evaluaciones que efectúan los equipos técnicos interdisciplinarios y que el COES analice su contrapropuesta para regular las visitas al penal.

Allí fue que los internos de la Unidad Penal Número 1 de Paraná acordaron evaluar la aceptación del protocolo para permitir las visitas de familiares.

"Quedamos a la espera de lo que resuelvan en cada pabellón, pero lo importante es que se gestó un canal de diálogo para tratar que esta situación pueda resolverse de la mejor manera", concluyó Bértora.

En otros aspectos, los internos solicitaron mayor celeridad de las tramitaciones en la Unidad Penal y en el Juzgado de Ejecución de Penas y más fluidez en la comunicación con los defensores técnicos y delegados penitenciarios.

De la reunión participaron la defensora oficial, Paula Montefiori, junto al defensor oficial, Ignacio Mullor; el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán; el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez; el delegado Penitenciario Nicolás Chémez, el abogado Guillermo Vartorelli, en representación del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, y sus colegas Miguel Cullen (Asociación de Pensamiento Penal), Gonzalo García Garro (Ministerio de Gobierno) y José Iparraguirre (Liga Argentina por los Derechos del Hombre). También intervino el sacerdote Mario Taborda.
Fuente: Prensa Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

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