El defensor general y presidente del órgano, Maximiliano Benítez, de manera conjunta con el secretario ejecutivo, Martín Cabrera, presentaron sendas notas en las cuales expresaron que existe una “profunda preocupación por los suicidios de agentes policiales registrados en el último tiempo, los que obedecen a múltiples determinantes de carácter histórico, socioeconómico, cultural, biológico y psicológico”.
“Esta complejidad exige garantizar abordajes integrales a cargo de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas pertinentes, conforme lo establece la normativa vigente en salud mental”, resaltaron los funcionarios en sus presentaciones. Asimismo, remarcaron que resulta indispensable que dichas intervenciones se desarrollen desde una perspectiva intersectorial, dado que la respuesta no podría provenir exclusivamente del sistema de salud.
En ese sentido, sugirieron generar espacios de escucha libres de condicionamientos, promover ámbitos laborales empáticos frente al sufrimiento subjetivo; evaluar y, en su caso, modificar las normativas vigentes para que un padecimiento mental no derive en una merma de la remuneración u otras desventajas laborales, como también desarrollar campañas de concientización, entre otras medidas.
Finalmente, el órgano dependiente del Ministerio Público de la Defensa subrayó la importancia de que se ponga en funcionamiento la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, creada por decreto en 2022 y modificada este año, por entender que constituye un ámbito idóneo para la definición de estrategias intersectoriales tendientes al abordaje integral de esta problemática.
