Cabe recordar que el organismo había realizado el mismo pedido en abril pasado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pero el alto cuerpo provincial lo rechazó. Fabiana Túnez, la directora del INAM, solicitó mediante una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, que admita que el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se presente como “amicus curiae” (amigo del Tribunal) en el caso por el feminicidio de Gisela López.
“El INAM es el organismo rector de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La Ley 26.485 establece en su artículo 9 que una de las funciones de este organismo es la de ‘articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley’, en este sentido, es responsabilidad y obligación del Instituto, presentarse en causas que versan sobre hechos que infrinjan por acción u omisión alguna norma o principio constitucional relativo a los derechos de las mujeres o de las leyes dictadas en su consecuencia”, reza el escrito.
Además, el INAM sostiene que “Gisela López fue sometida y abusada por un hombre que luego la llevó a un predio para que otros hombres hicieran lo mismo. Posteriormente, y con el objetivo de encubrir el delito e imposibilitar su identificación, llevaron adelante el crimen de máxima expresión de la violencia machista y terminaron con su vida”.
El caso
La noche del 22 de abril de 2016 Gisela López, de 19 años, volvía de la escuela a su casa del barrio 120 Viviendas de Santa Elena, pero nunca llegó.A pesar de los intensos rastrillajes que ya habían pasado por la zona, su cuerpo sin vida fue hallado recién 18 días después a solo 168 metros de su domicilio y desde entonces el asesinato permanece impune, al igual que otros dos que ocurrieron en Santa Elena: el de Malvina Soledad Torales (en 2003) y el de Patricia Gómez (en 2001).
El fiscal Santiago Alfieri imputó como responsables del femicidio a Matías Vega y Mario y Elvio Saucedo -absueltos por el Tribunal de Juicio y Apelaciones en mayo de 2017- y en 2019, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió conceder el recurso de queja interpuesto por su abogado defensor, el paceño Roberto Alsina, revocando la sentencia de Casación del 25 de abril de 2018 que determinaba la realización de un nuevo juicio.
Los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, fueron quienes por mayoría, confirmaron la absolución de los imputados el miércoles 20 de marzo último.
Luego, el 7 de mayo de 2019 se conoció que el mismo Tribunal de la Sala Penal del STJ concedió el recurso extraordinario federal para que el caso por el feminicidio de Gisela López sea revisado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra actualmente el expediente, hasta ahora sin novedades.
