“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”, dice el documento remitido a Buenos Aires.
La fiscal explicó que el objetivo de esta presentación “es que la Corte intervenga, dando un efecto suspensivo sobre el jury para que no me destituyan, hasta tanto se defina si el procedimiento por el cual me pretenden desplazar es legal o no”.
En el escrito, la defensa de Goyeneche advierte que “la decisión final del jury es inminente”: “Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”. “Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por ‘inadmisible’ mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo ‘mi día en la Corte’, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”, prosiguió la presentación.
El argumento de los letrados de Goyeneche destaca que la resolución del Superior Tribunal de la provincia “le dará al propio tribunal la oportunidad para afirmar falaz y erróneamente que, una vez que el jury haya hecho efectiva mi destitución (lo cual es inminente), se habrá tornado ‘abstracto’ un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo, impidiendo a la suscripta acceder a una tutela judicial oportuna y efectiva, en los términos de la sentencia” de la Corte nacional.
Asimismo, destacó que el suyo sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”.
