El DNU, que propuso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses. La medida se aplicará para los trabajadores que ya se encuentran en relación de dependencia. Esto quiere decir que los nuevos trabajadores no tendrán derecho a solicitar la doble indemnización. Un intento para aplacar las quejas que despertará la decisión en los empresarios.
En los considerandos del DNU, el Presidente justificó la decisión por el alza de la tasa de desempleo que hoy es del 10,6%. Incluso, según detalló, el desempleo en los jóvenes supera el 18% entre los varones y el 23% entre las mujeres.
El Gobierno busca así frenar la caída del empleo formal. Según datos oficiales, en el último año perdieron su trabajo 139.000 personas. Y da como ejemplo lo que pasó en mayo de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri vetó la ley de emergencia ocupacional, también llamada "ley antidespidos", sancionada por el Congreso, que suspendía los despidos por 180 días y fijaba nuevamente la doble indemnización.
En la Casa Rosada todo se movió a un ritmo frenético. El jefe del Estado firmó el DNU cerca de las 22 y se retiró cerca de las 23, acompañado por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y su vocero, Juan Pablo Biondi. Minutos antes, dejaron la Casa de Gobierno los ministros Moroni, Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El Presidente evaluó con ellos los alcances del DNU, que lleva la firma de todos los ministros. A partir de las 20, el ingreso de los integrantes del gabinete se intensificó y se multiplicaron las reuniones. Algunos, como el titular del Palacio de Hacienda, salieron y regresaron a la Casa Rosada en más de una oportunidad. Mientras que Kulfas, Moroni y Todesca estuvieron analizando los detalles por varias horas.
El decreto es el primer paso de una serie de medidas que se darán a conocer en los próximos días. Entre ellas se destaca el tratamiento de las emergencias económica, social y sanitaria a través de la presentación de un proyecto ómnibus que llevará el nombre de ley de solidaridad y reactivación productiva, que se votará durante las sesiones extraordinarias convocadas por Fernández del 13 al 31 de diciembre. Si con el DNU buscó proteger el empleo, con esta iniciativa tendrá como ejes la inyección de recursos a los menores ingresos y eventualmente cambios en el esquema impositivo. Ayer el equipo económico, que tiene en Guzmán a un primus inter pares, continuó puliendo los detalles.
Moroni, el ideólogo del DNU -uno de los amigos que sumó al gabinete nacional Fernández- y de buena llegada con el sector de "los Gordos", que encabeza Héctor Daer, se convenció de avanzar con la imposición de la doble indemnización, medida que considera de corto plazo, para aplicar un torniquete a la caída del empleo, mientras avanza con dos medidas: la convocatoria a una mesa de negociación a empresarios y sindicalistas que anticipe la creación por ley del Consejo Económico y Social, y un compromiso a recomponer los salarios y las jubilaciones.
Los datos de desempleo del Indec dejaron a la vista una desocupación del 9,1% para el cuarto trimestre de 2018, dos puntos por encima del 7,2% del mismo período de 2017. Se perdieron en un año 350.000 puestos de trabajo.
Pese a la gravedad que muestran los números, la instalación de la doble indemnización por despidos sin causa justa siempre fue rechazada por los empresarios. Incluso, ante la posibilidad de que tomara una medida de estas características, la mayoría de las cámaras empresariales, especialmente las pymes, se expresaron en contra.
