El titular de la Comisión, Diego Lara, llevará a la reunión los tres escritos de desafuero que pesan sobre el presidente de la Cámara Baja y exgobernador, Sergio Urribarri; el diputado y exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende.
Urribarri y Báez, con dos pedidos de desafuero
Urribarri y Báez tienen dos pedidos para que se les levanten los fueros parlamentarios que establece el artículo 115 de la Constitución de Entre Ríos. El primero ingresó el 22 de mayo y lleva el número de expediente 716.Se trata del remitido por el juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado, que procesó a ambos por el delito de peculado y negociaciones incompatibles por haber otorgado pauta a la firma Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa, quien a su vez integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.
En esta causa se investigó cómo se le dieron 118 mil pesos en 2011, seis meses antes de que la empresa fuera creada. El caso se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino.
La segunda solicitud de desafuero, número de expediente 1194, es la que remitió el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien elevó a juicio la causa en la que Urribarri y Báez están acusados de diferentes delitos contra la administración pública por el millonario reparto de publicidad oficial en vía pública entre 2010 y 2015, que tenía como principal beneficiaria a las firmas Tep SRL y Next SRL, que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y secretario del bloque de senadores del PJ. En ellas aparecen como socios su mujer, Luciana Belén Almada, y su cuñado Alejandro, quien fuera sorprendido con dinero en un operativo que le valió la apertura de una causa en la Justicia Federal por supuesto lavado de dinero.
Aún no tomó estado parlamentario
Este pedido de desafuero aún no tomó estado parlamentario, es decir que no se comunicó de su existencia al pleno de la Cámara de Diputados. El 6 de julio pasado, el juez Ruhl envió el escrito judicial informando de la elevación de la causa a juicio al titular de la Comisión, Diego Lara. Por esa razón el legislador oriundo de María Grande decidió que también se trate este expediente, haciendo una excepción al proceso legislativo, en un gesto que buscará resaltar ante los diputados opositores que lo acusaron de demorar el trato de los expedientes administrativos.En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, estimaron en $24.204.918,69 el prejuicio al Estado. Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.
A fin de recuperar ese monto si se llega a una condena, el juez Ruhl embargó a Urribarri, Báez y Aguilera en 26 millones. Llegado el momento, serán juzgados por un Tribunal colegiado integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo.
También serán juzgados en esta causa Gustavo Tamay, responsable de certificación de publicidad en la vía pública; los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, los hermanos Almada, y la contadora de la firma, Corina Cargnel. También será llevado al banquillo el empresario Fernando Montañana, de Concepción del Uruguay.
A mediados de mayo de este año, el empresario Jesús Bustamante, en el marco de un juicio abreviado al que accedió tras acordar con la Fiscalía, admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial en vía pública durante la administración de Urribarri como gobernador y de Báez como ministro de Cultura y Comunicación. Y que esos retornos se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica a Aguilera.
Allende, acusado por amenazas
El pasado 27 de junio, el juez José María Chemez envió al presidente de la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para el diputado y sindicalista José Allende. La solicitud se registró bajo el expediente administrativo N° 1050.Es la solicitud realizada en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. Además de Chemez, el legislador será juzgado por los vocales Daniel Julián Malatesta y María Carolina Castagno. La causa está a cargo del fiscal de Coordinación Álvaro Piérola. El legislador iba a ser juzgado el 29 de junio, pero el juicio se suspendió porque se amparó en los fueros.
