Riera recordó que aún es una asignatura pendiente la creación de un cuerpo de Policía que actúe bajo orden de la Fiscalía.
La implementación de esta normativa, que se ha anunciado desde el sector político como la llegada de algo que se esperaba hace mucho tiempo y que servirá como remedio para alejar a los chicos del mundo de las drogas, se aplicará sin una herramienta que podría ser clave para un resultado exitoso.
Este pilar sobre el cual debería estar apoyada la Ley de narcomenudeo, es una deuda que se arrastra desde la instrumentación del Código Procesal Penal vigente en la provincia de Entre Ríos en el 2014. Por una cuestión presupuestaria y política no se le ha dado la importancia necesaria al tema, y con el correr de los años se ha convertido en algo utópico.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) es la etapa más importante de todo el proceso judicial. Es en esa instancia donde se producen las pruebas acusatorias y en caso de que no se realice un buen trabajo se caerá la acusación y, consecuentemente, el imputado será liberado por falta de pruebas.
El responsable máximo de cada investigación es el fiscal. Es quien debe orientar a la Policía sobre las cuestiones de interés y recibir las actuaciones de los funcionarios policiales sobre las pericias ordenadas. Y es en este punto donde aparece una de las falencias más importantes que tiene el Código Procesal Penal: La falta de una Policía Judicial.
La creación de este cuerpo es estrictamente burocrática y hasta el momento no se ha conformado porque los funcionarios policiales que serían destinados a tal función pasarían a responder únicamente al Poder Judicial, bajo las órdenes de los fiscales, y quedarían exentos de las autoridades policiales. Pero además, dependerían directamente del Poder Judicial, con cargo, sueldo y estabilidad judicial.
Actualmente, la Policía es un mero auxiliar de la Justicia, no depende de ella, por lo cual el Poder Judicial no tiene injerencia en los nombramientos, las asignaciones de funciones, salarios y capacitación. La Policía es el brazo ejecutor de la Justicia y son ellos los encargados de realizar las actuaciones ordenadas por el Fiscal.
Con la llegada de la Ley de narcomenudeo – que entra en vigencia el miércoles 9 – nada cambió. La Policía seguirá haciendo el mismo trabajo y la Fiscalía también. No se creó una oficina especial ni una dependencia particular para perseguir a los narcos de baja escala. Se tratará la problemática con el mismo personal con el cual se trata cualquier otro tipo de delito, pero se incrementará el trabajo.
A las cachetadas
El último eslabón de la cadena del narcotráfico queda en manos de la Justicia provincial, mientras que los juzgados federales abordarán las investigaciones y causas con el comercio de droga a gran escala. “El que la vende en dosis fraccionada directamente para el consumo queda bajo la órbita de la Justicia provincial y de la Policía de Entre Ríos”, indicó el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán.“Las acciones judiciales serán como con cualquier otro delito. Las ventas al menudeo de droga será un delito común que lo va a investigar la Justicia provincial, conjuntamente con la Policía provincial”, agregó el funcionario.
Beherán señaló que la puesta en marcha de esta Ley generará una mayor actividad y que con el correr de los días se deberán realizar reacomodaciones dentro de la Fiscalía porque “será bastante más el trabajo y obviamente no se han creado fiscalías al efecto”.
Cuando esta ley era un proyecto se contemplaba la creación en la Primera Circunscripción Judicial de dos cargos de Agente Fiscal y un cargo de Fiscal Auxiliar. Estaba previsto crear en la Circunscripción Judicial II (Concordia), un cargo de Agente Fiscal y un cargo de Fiscal Auxiliar; en la Circunscripción Judicial III (Concepción del Uruguay), un cargo de Agente Fiscal y un cargo de Fiscal Auxiliar y en la Circunscripción Judicial IV (Gualeguay- Gualeguaychú), un cargo de Agente Fiscal y un cargo de Fiscal Auxiliar, con la misma competencia antes referida.
Finalmente nada de esto sucedió y todo el entusiasmo judicial cayó al piso cuando se aprobó la adhesión a la Ley Nacional con la misma estructura que se tiene actualmente.
Esta Ley empieza a regir en todo el territorio entrerriano de la misma forma en que se hacen las cosas en la Argentina: a la cachetada. No va a dejar de dar los resultados, pero si se hubiera destinado la cantidad de personas necesarias para atacar lo que se pretende, seguramente los resultados serían muy diferentes.
