El comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado, Daniel Alejandro Rosatelli, continuará procesado por su intervención en la operación narco del transporte de 1345 kilos de marihuana hallados en un furgón el 13 de febrero en La Paz.
Así lo resolvió este miércoles la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, al resolver sobre los cuestionamientos formulados por los defensores. La misma decisión del fallo alcanzó a otros imputados cuatro imputados: Martín Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Favieri y José Belén Favieri. Además, mantuvo la prisión preventiva de todos ellos en la Unidad Penal N° 1. Hay expectativas sobre lo que se pueda hallar en el IPhone 17 Pro del acusado que aún no pudo ser desencriptado.
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, había procesado a Rosatelli por haber participado en la compra de la camioneta Citroën Jumper el 4 de noviembre de 2025. La misma apareció, el 13 de febrero de 2026, repleta de droga luego de una persecución por la ruta provincial 1 en el Departamento La Paz.
Luego de la detención del acusado el 19 de agosto, una de las estrategias defensivas apuntó a que se trataba de una venganza de parte del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia por la denuncia que Rosatelli había impulsado desde las sombras por desvío de dinero de adicionales en el 911. Pocas semanas después, este argumento se desvaneció. Las evidencias del expediente pasaron a ser el centro de la discusión.
En el recurso de apelación, los abogados defensores del comisario, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen, cuestionaron, entre otros aspectos, la falta de pruebas que involucren a Rosatelli en el episodio narco ocurrido tres meses después de la compraventa del vehículo. Al respecto, la camarista Cintia Gómez, en su voto al cual adhirieron Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, sostuvo: “La imputación no se sustenta en la presencia de Rosatelli en el traslado material de la sustancia, sino en el aporte logístico que se le atribuye dentro de una maniobra organizada con distribución de funciones. En ese contexto, el lapso transcurrido no permite, por sí solo, desvincular la adquisición del vehículo de su utilización posterior”.
A lo largo de 93 páginas, el fallo recorre los hechos bajo investigación y analiza los planteos formulados por las defensas. Concluye que “existen en la causa elementos probatorios que permiten afirmar la hipótesis delictiva construida por el Magistrado”, siempre aclarando, como de costumbre, “con el grado de provisoriedad requerido por la instancia”. Es decir, no la certeza para una condena. Pero así las cosas, todo indica que los acusados de integrar una banda delictiva para una operación narco, terminarán en el banquillo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Los camaristas acordaron, en este sentido, con lo sostenido en el memorial del fiscal general José Ignacio Candioti. El representante del Ministerio Público había repasado, según las partes que destaca las sentencia, las principales pruebas y hechos que incriminan a Rosatelli. Por ejemplo, aquello del “aporte logístico esencial”, iniciado con la adquisición de la camioneta.
También en lo que respecta a la ausencia del comisario en el episodio del transporte del cargamento de droga: “En estructuras delictivas organizadas, caracterizadas por la distribución de funciones, no resulta necesario que quien proporciona los medios logísticos mantenga contacto directo con los ejecutores materiales”, sostuvo el fiscal.
Candioti señaló además que la compra del vehículo se realizó con intermediarios, principalmente Pelizzari, “quien habría actuado bajo las instrucciones de Rosatelli”. Hizo hincapié en la verificación policial del vehículo sin turno previo, circunstancia, algo que solo algunos policías con influencias pueden lograr en la Planta de Avenida Zanni de Paraná.
Testimonios
La Cámara destaca algunos tramos de testimonios para sostener la participación de Rosatelli en la compra de esa camioneta, siempre intentando no aparecer como el verdadero interesado. Por ejemplo, de Jonathan Barbieri, el expolicía que actuó como vendedor de la Jumper, citaron: “…Pellizari me mandó a revisar la camioneta y él se fue adentro con los papeles. Se realiza el trámite, yo me voy con la camioneta y él se va en su auto, me dijo que me iba a avisar para llevársela a que la vea ‘quien ponía la plata’, que era un abogado que compraba y vendía propiedades y vehículos… alrededor de las 13.15 y 13.45… me cita que le lleve la camioneta en calle 25 de mayo enfrente del club Echague, me dijo que se la dejara estacionada con la llave puesta y los papeles, que se la iba a mostrar a quien tenía que pagarla… Yo en ese momento estaba acompañado por mi cuñado, Víctor Emanuel Wursten, quien andaba en su auto Peugeot 206 negro, y se estacionó casi una cuadra atrás de la camioneta y fue a comprar cigarrillos al drugstore enfrente del club Echague. Y lo vio sentado en el asiento del conductor al sr. Daniel Rosatelli, hablando con Pelizzari. Mi cuñado lo conoce porque es figura pública y aparte el mejor amigo de mi cuñado, que le dicen ‘Corcho’ es funcionario y trabaja con Rosatelli…”.
También se refirieron al episodio ocurrido el 12 de noviembre en la ONG Suma de Voluntades, donde Rosatelli casi mata a golpes en la cabeza a Sixto Maciel, un hombre que había presentado a Barbieri con Pelizzari para la operación comercial. “Corresponde señalar que las declaraciones de Sixto Ramón Maciel, Jonatan Barbieri y los restantes testigos, valoradas conjuntamente con los informes médicos que dan cuenta de las lesiones sufridas por Maciel, permiten establecer, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, una vinculación entre la agresión investigada y las circunstancias que rodearon la adquisición del vehículo. En efecto, la proximidad temporal entre la denuncia por estafa formulada por Barbieri y el episodio sufrido por Maciel constituye un elemento relevante que, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (i), permite considerar provisoriamente que ambos acontecimientos integran una misma secuencia de hechos vinculados con la disponibilidad del rodado para su posterior utilización en el transporte de estupefacientes, sin perjuicio de la profundización de la investigación en este punto”, dijo la Cámara.
Para sostenerlo, cita el testimonio de Maciel: “Él se enojó, porque decía que yo le había mandado un mensaje, le había mandado un mensaje a Mario porque ahí me enteré yo que estaban haciendo transacción entre Barbieri y Pelizzari y faltaba una plata”. Y también el de su hermano Juan Emilio Maciel: “…después mi hermano me dijo que no le habían robado, que dijo eso porque no quería decir la verdad, que le habían pegado con un arma, él nunca me dijo ni nadie me contó bien lo que pasó. Luego me dijo que él hizo de intermediario por la venta de una camioneta y uno estafó al otro y por eso se la agarraron con mi hermano”.
La difusa traza del dinero y del vehículo
La sentencia también aborda dos cuestiones más, relevantes en el procesamiento de Ríos. Por un lado, no solo se utilizó un intermediario para que Rosatelli no aparezca como el comprador, sino que se utilizó una peculiar forma de pago en la compra de la Jumper: entrega de 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por 3 millones de pesos cada uno que resultaron ser apócrifos y dos transferencias bancarias de 1 millón de pesos efectuadas desde una cuenta de Claudio Luna. Iban a abonar luego la diferencia hasta alcanzar los 15 millones.
Por otro lado, la camioneta fue fondeada ese mismo día: la llevaron hasta inmediaciones del domicilio de Esteban Siebenlist Bustos, el acusado de ser el organizador del transporte del cargamento de marihuana aquel 13 de febrero, detenido a inicios de noviembre luego de estar prófugo. Según los registros de cámaras del 911, la camioneta recién aparece en la calle a fines de enero, ya con otra patente (correspondiente a otra Jumper blanca).
“Si bien deberá profundizarse la investigación a fin de indagar sobre el concreto rol de cada uno de los recurrentes y la existencia de otros eslabones en la cadena de tráfico ilícito-atento que aún se encuentra pendiente de producir el peritaje sobre los celulares secuestrados, entre otros elementos”, sostuvieron los camaristas al final de su argumentación.
Este último punto mencionado no es menor: Rosatelli no aportó el patrón de desbloqueo de su IPhone 17 Pro, el último hasta el momento de la detención (en septiembre se lanzó al mercado el 18). Resulta que para poder abrir estos celulares la tecnología llega un año tarde, por eso se cree que el año próximo podría haber novedades sobre el contenido de las comunicaciones dentro de ese celular secuestrado. Lo cual es un motivo de nerviosismo en no pocas personas, tanto dentro como fuera de la Policía de Entre Ríos.