Asimismo, agregó: “Esos controles se hacen garantizando el debido proceso legal de la persona recluida por motivos terapéuticos, tal como lo establecen los artículos 21, 22 y 24 de la Ley Nacional de Salud Mental, 41 -inciso d- del Código Civil y Comercial de la Nación, entre otros”.
“La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y Decreto Reglamentario 603/2013, considera a las personas con adicciones como usuarios de los servicios de Salud Mental (artículo 4), y, como tal, su problemática debe encontrar respuesta y ser abordada por los diferentes servicios sanitarios, públicos y privados, que se encuentran bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley (Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos –art.5, ley 10445). Por esa razón, las decisiones jurisdiccionales que se hayan adoptado están precedidas de evaluaciones interdisciplinarias realizadas por equipos técnicos profesionales del Poder Judicial y/o por el del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos”, destacaron.
“Por consiguiente – enfatizaron - se reclama el respeto a la independencia de la judicatura, el cese de acciones que atropellan el estado de derecho, la adopción de las medidas que correspondan por parte de los organismos estatales competentes, y el respeto de los derechos humanos de personas especialmente vulnerables”.
“La Asociación de la Magistratura de Entre Ríos reitera que existen diversos instrumentos legales y vías institucionales para recurrir las decisiones jurisdiccionales que se suponen que lesionan los intereses del recurrente. No hacerlo por esas vías no sólo se debilita a la Justicia sino que se pone en riesgo a la República”, concluyeron en el texto de prensa enviado a esta Agencia.
Desde la Asociación Antidrogas no tardaron en reaccionar
En ese sentido fue que desde la Asociación Antidrogas volvieron a dirigirse a las autoridades judiciales con un comunicado enviado a ElEntreRíos:Les hablé con el corazón y me respondieron con la sin razón
Tras nuestra denuncia contra el acoso permanente que sufre el Programa Ibicuy de rehabilitación de adictos, por parte del Juez Dr. Agustín Adolfo Weimberg en compañía del defensor oficial Dr. Manuel Ruso, la Asociación de la Magistratura y la Fundación Judicial de la Provincia de Entre Ríos que están fuera del Poder Judicial de esa provincia por ser entidades ajenas, nos respondieron con la Ley de Salud Mental, como si fueran enviados por Emilio Castrillon. Destacó el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre.
La ley de Salud Mental, que ha producido más de diez mil muertes desde su promulgación, en ningún caso habla de hostigamiento, acoso, persecución o acorralamiento de los pacientes o las entidades que brindan asistencia a los adictos en crisis, debo destacar que Hevely Ivonne Belardelli de San Luis, madre de una de las personas internadas en el Programa Ibicuy, ha llegado con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, debido a los malos tratos recibidos por su hijo desde el Juzgado Civil que regentea Weimberg.
Como se podrá comprender, éste caso ha tomado ribetes de índole nacional que pone en duda el magnifico trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial de Entre Ríos, por el incomprensible accionar de Agustín Weimberg y Manuel Ruso, que hace lo que jamás haría ninguna persona encuadrada en la justicia entrerriana.
Es en defensa de los derechos humanos de los adictos en rehabilitación que llevan adelante su recuperación en el Programa Ibicuy – remarcó Izaguirre -, que salimos a informar a la opinión pública sobre el accionar de Weimberg y su adlátere Ruso. ¿La ley de salud mental indica que el juez debe hostigar a las personas internadas hasta que acepten retirarse del lugar que los cobija? ¿la ley dice en algunos de sus apartados que se debe amenazar con cárcel efectiva a quienes se oponen a las ideas de Ruso? ¿la ley manda en algún artículo a vaciar el centro de rehabilitación bajo cualquier argumento?
Sobre éste punto, existen diversas denuncias de los asistidos, que piden no ser llevados más al juzgado de Weimberg ni a lo del defensor Ruso, alegando que son siempre acosados y compelidos a abandonar el tratamiento cuando ellos mismos piden quedarse.
Lo que hace el juzgado de Weimberg no se funda en el ejercicio legítimo de sus facultades, sino que el exceso y la superabundancia en el acoso del paciente, destroza su derecho a la salud y bienestar. Los allí internados, en estado de vulnerabilidad que requieren tratamiento efectivo, son perseguidos por Ruso y Weimberg hasta lograr cercenar la rehabilitación que han logrado en Programa Ibicuy.
Han respondido escudándose en la Ley de Salud Mental, que de ningún modo acompaña el accionar del magistrado civil. Solo desean dejar en la calle y sin tratamiento a enfermos adictos, que en recaída pueden terminar ultimando al primero que se les cruza, poniendo en riesgo, sin tomar conciencia que la próxima víctima puede ser el mismo magistrado.
Hablamos de adictos que sin drogas son personas maravillosas, pero bajo los efectos de las sustancias se convierte en verdaderos animales incontrolables, como el caso del joven que hace una semana en Cosquín decidió matar a sus dos abuelos para luego acostarse a dormir.
¿Es esto lo que busca la Justicia de Entre Ríos? Entendemos que no, pero también hacemos notar que un magistrado de la Justicia Civil está poniendo a todo el Poder Judicial de Entre Ríos en la comidilla de los medios nacionales de comunicación, echando por tierra la magnifica tarea de Emilio Castrillon y su equipo.
Solicitamos desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Emilio Castrillon, apartar de sus funciones al Dr. Agustín Adolfo Weimberg y revisar todas las causas de ese juzgado civil a fin de verificar si existen anomalías similares en otros expedientes.
Buenos Aires, junio 26 de 2019
Claudio Alejandro Izaguirre
Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina
