Lo que cambió es que, de ahora en más, los dos imputados ya no estarán alojados en la Unidad Penal Nº3 de Concordia sino que serán enviados a sus respectivos domicilios. Se dispuso “para ambos imputados la colocación de dispositivos electrónicos de control, suministrados por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.
Eso dice el primer punto de la resolución que se conoció este lunes, en los Tribunales. “Asimismo, dispónese controles diarios por parte de Personal de la Jefatura de Policía de esta ciudad, como así también controles semanales por intermedio del Juzgado de Garantías interviniente y/o del Personal que la Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias designe”, indica luego el juez en el texto al que accedió El Entre Ríos. ¿Cómo se llegó a esa decisión que no es la más satisfactoria para los familiares de la victima? Una señal de que algo pasó en el medio está en el punto 3 de lo resuelto por Degano: “advertir al señor fiscal, Doctor Nuñez, al señor Juez de Garantías, doctor Mautone y al doctor Arias, que en forma inmediata deberán articular todas las acciones que correspondan para el urgente diligenciamiento de la prueba informativa a Facebook”.
La referencia es a una petición que, en su momento, realizó precisamente uno de los acusados a través de su defensor. Almada había pedido realizar una consulta a los servidores de Facebook, que debe solicitarse a través de una carta documento dirigida a las oficinas locales de la mencionada red social.
Sin embargo, el propio imputado alegó no contar con los aproximadamente $600 que saldría la carta documento, por lo que la consulta aún está pendiente estableciéndose una dilación en el proceso que aprovechó la propia defensa de los acusados para reclamar el cambio de lugar del cumplimiento de la preventiva.
“El oficio a Facebook se encontraba traspapelado, por ende el proceso no ha avanzado por el plazo de nueve meses por cuestiones ajenas a la defensa provocando con ello la falta de legitimación para disponer la prórroga de la prisión preventiva, violándose de esta manera el principio de progresividad, a medida que avanza la investigación se agravan los riesgos procesales”, dice entre los considerandos la resolución que hoy le otorgó la domiciliaria a Almada y Batalla.
