Cerca de las 15 de este viernes, la magistrada dispuso que ambos imputados continúen en prisión preventiva por 60 días, tal como habían pedido los fiscales y admitido la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, pero que sea en el domicilio particular de cada uno. De ese modo, los dos imputados dejarán la Unidad Penal N° 1 de Paraná y deberán permanecer con tobillera electrónica en sus casas. Igualmente, la jueza les impuso algunas restricciones, como la prohibición de realizar cualquier acción de hostigamiento hacia los testigos de la investigación en la que están imputados.
Junto a Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa, Miguel Cullen apeló la resolución de primera instancia. Los defensores entienden que, como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dio vuelta las decisiones inferiores respecto de las prisiones preventivas de Alfredo Bilbao, Esteban Scialocomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, en los casos de Pérez y Faure, los jueces deben pronunciarse en el mismo sentido de la cúpula del Poder Judicial. En caso contrario, como ya ocurrió con la resolución de la jueza de Garantías Barbagelata, hablan de “inseguridad jurídica”. “Creo que a la actualidad se mantienen los riesgos procesales. No sabemos dónde está el galpón que mencionaron Pérez y Hugo Mena Giovenni en un intercambio de mensajes. La fiscalía todavía no pudo dar con ese domicilio y con la documentación que había adentro. Faure también eliminó documentación que la fiscalía todavía no encontró. Los riesgos se mantienen”, señaló la magistrada. Sin embargo, consideró que la medida de coerción puede ser “menos gravosa”, y por eso dispuso que la prisión preventiva se cumpla en las viviendas particulares.
