La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite de registración omitió decir que era funcionario provincial. Y aunque la Justicia no avanzó con una acusación en su contra, en la tarea de inscripción del Registro de Proveedores contó con la ayuda de un funcionario público (un ilícito), Aníbal Beorda, “Anibalito”, segundo de Lorenzo en el Ceicer.
El 7 de noviembre, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto Nº 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó.
Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial $220.000 por haber llevado estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Lo curioso del caso fue que a la licitación realizada por la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, sólo se presentó un oferente: Barreiro.
En noviembre de 2018, la Cámara de Casación rechazó el recurso que había presentado la defensa del empresario Ricardo Barreiro, mediáticamente conocido como el “Jardinero K” y confirmó la sentencia a un año y medio de prisión condicional, dictada el 22 de mayo de 2017 por el vocal de Juicio y Apelaciones de Paraná Pablo Vírgala. El tribunal, compuesto por los vocales Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano, desestimó los agravios planteados por los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, quienes ejercieron la defensa técnica de Barreiro. Al emitir su voto, Perotti rechazó por inconsistente el primero de los agravios planteados por Barreiro, que a través de sus defensores argumentó desconocer su condición de funcionario público al momento de inscribirse como proveedor del Estado provincial.
Pero el 12 de febrero último Casación decidió dar trámite favorable a una impugnación extraordinaria, y ahora será la Sala Penal del STJ la que deberá resolver sobre la nueva apelación de los defensores de Barreiro.
