Ahora, en medio de la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus –la medida rige desde el último 16 de marzo-, la seccional Uruguay de Agmer denunció lo que denominó como “persecución” de parte del médico auditor designado. El gremio ya había alertado durante el año último situaciones de ese tenor, y ahora lo reiteró y habló de “abusos, discriminaciones y maltratos por parte del médico auditor del Consejo General de Educación que se desempeña en nuestra ciudad, el cual, inexplicablemente, ha sido ratificado por el gobernador Gustavo Bordet en su cargo para este año 2020, a pesar de todas las irregularidades denunciadas”.
“Hoy debemos una vez más denunciar a este médico –dijeron desde Agmer Uruguay en referencia al doctor Ricardo Arca-, que siguiendo con la lógica persecutoria y de corte absolutamente discriminador, continua fraccionando las licencias docentes, sin razón alguna, más que una fuerte impronta autoritaria, cuestionando certificados emitidos por sus propios colegas, acortando o fraccionando cantidad de días de licencias dadas por patologías específicas”.
El lunes 4 de mayo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto del decreto N° 294, del 3 de marzo, que ratificó la continuidad del mecanismo de control de licencias médicas, que había arrancado un año atrás, a pesar de los reclamos de Agmer por su modificación y, eventualmente, derogación.
La norma considera “central continuar con la modalidad de los mecanismos de auditoría médica para los casos de licencia por enfermedad de corto y largo tratamiento del personal docente y no docente dependiente del Consejo General de Educación, estableciendo un ámbito de trabajo conjunto entre la comisión médica y el Consejo General de Educación, mediante la distribución en todo el territorio provincial, de personal capacitado en pos de evitar demoras en las citaciones para revisión, reduciendo así los plazos actuales los que muchas veces superan ampliamente el período de licencia solicitada, generando conflictos en aquellas situaciones que luego no son ratificadas”.
El Estado contrató a 30 médicos, distribuidos en los distintos departamentos para ejercer la función de auditores de las licencias por enfermedad del personal que depende del Consejo de Educación. El decreto N° 294 autorizó “la distribución territorial de los agentes de la salud que estarán abocados al control de licencias para los casos de inasistencia por razones de salud del personal docente y no docente”. Los médicos quedaron autorizados “a efectuar las visitas a domicilio según el tipo de dolencia manifestada por el agente, al momento de solicitar la licencia. Si la misma es de largo tratamiento el profesional podrá concurrir para evaluar el estado de salud del agente, cuando la licencia sea de corto tratamiento, el profesional de la salud podrá realizar el control a domicilio”.
Y los docentes y no docentes del CGE quedaron obligados a “comunicar a la asesoría legal correspondiente del Consejo General de Educación ante la presunción de existencia de certificado médico falso, a efectos de que se denuncie el hecho, de existir mérito”.
