En los primeros párrafos de la resolución judicial, queda claro que para dar por terminado el expediente, con 20 años de antigüedad, la Justicia Federal optó por “el instituto de reparación integral”. Es justamente bajo este encuadre, el de una “reparación” (y si hay reparación, es porque hubo un daño que debe repararse), que en la parte resolutiva obliga a Eduardo Cristina a repartir 18 millones de pesos entre diversas instituciones de bien público.
El texto del fallo incluye un párrafo donde explica cómo se llegó al mondo que cada imputado debería pagar: "fue el esfuerzo del MPF, que analizó, estudió y brindó los detalles para que el quantum quedara consolidado para cada uno de los imputados, según los hechos atribuidos, en algunos más de 40 y en otros muchos menos".
En un posteo publicado anoche, Cristina cuestionó al “periodismo” que dio a conocer la sentencia en cuestión, enfocándose en asegurar que no fue hallado culpable ni tampoco condenado.
El titular de la CODESAL –presuntamente designado por el gobernador Rogelio Frigerio- evita mencionar que la sentencia es una “reparación integral” y apela a un llamativo argumento para justificar por qué debe pagar los 18 millones. Dice: “dado el tiempo transcurrido con todo el daño que ello me ha provocado, ofrecí realizar donaciones a diferentes instituciones de bien público”.
O sea, el daño se lo hicieron a él pero, a su vez, es también él quien ofrece donar los 18 millones de pesos.
