El exintendente de Seguí, Cristian Treppo, fue acusado del presunto delito de peculado, que alcanza también a otros funcionarios y un grupo de empresarios de la construcción. Según la Fiscalía, la obra habría tenido un sobreprecio de más de $5 millones. Del acuerdo de suspensión de juicio a prueba -si las cuatro personas cumplen las reglas de conducta impuesta durante el plazo de la probation quedarán sobreseídos- quedó afuera Treppo, por ser funcionario público, y también la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra, por cuanto Fiscalía entiende que es funcionaria pública y no puede ser alcanzada por la suspensión de juicio a prueba. En el caso Zapata, su defensor, Germán Coronel, puso reparos a esa decisión por lo cual su caso será analizado en forma separada.
El acuerdo de suspensión de juicio a prueba contempla reparaciones económicas y normas de conducta a cumplir por los cuatro imputados que accedieron al beneficio:
Daniel Aníbal Hereñú, de la empresa Oicsa. Respecto a la reparación del daño, dijo el defensor Pedrotti, durante la investigación “no ha sido determinado ningún perjuicio hacia el Municipio de Seguí. No obstante ello, se hace un ofrecimiento de un aporte a la Municipalidad de Seguí de $500 mil, importe que será transferido a los 30 días de celebrada esta audiencia”. En caso de que el Estado municipal rechazase esa reparación, será prorrateada entre las cinco ONG beneficiadas en las normas de conducta que cumplirá.
Así, como norma de conducta, Hereñú se impone ofrecer, dentro de los 30 días de la probation, hacer transferencias por $3 millones a cinco entidades seleccionadas por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial. A cada una le corresponderá una suma de $375 mil: la ONG Mitre, La Asociación Casa Lázaro-Hogar de Cristo, Centro Huerta de Caná-Iglesia Asamblea de Dios, Fundación Suma de Voluntades, Sala de Velatorio Argentina Zabala, Escuela Los Nazarenos, Centro Comunitario Solidaridad.
El empresario Hereñú también tiene suspensión de juicio a prueba en otra causa, de la Cumbre Mercosur, por dos años, por lo que el plazo ahora se extiende a tres años.
Néstor Iván Szczech ofreció una reparación económica de $100 mil a la Municipalidad de Seguí, y en caso de no ser aceptada se distribuirá entre las entidades beneficiadas con las reglas de conducta.
Las reglas de conducta del empresario implican realizar un aporte de $400 mil en un plazo de 30 días a las siguientes entidades: Asociación Civil Amigos del Puerto Nuevo, Hogar de Ancianas San Vicente de Paul, Escuela N° 208 Juan Carlos Esparza. La primera recibirá $135 mil; la segunda, $135 mil; y la tercera, y $130 mil.
Ya tiene suspensión de juicio a prueba por dos años en la causa Mercosur, por lo cual se le suma 1 y serán 3 años.
Néstor Hereñú ofreció a modo de reparación del daño un aporte de $100 mil a la Municipalidad de Seguí.
Y como norma de conducta, ofrece realizar, dentro de los 30 días posteriores a la audiencia de este jueves, un aporte total de $400 mil a la Escuela N° 190 Obispo Gelabert y Crespo, a la Escuela Abel Bazán y Bustos, al Merendero San Francisco de Asís: los montos serán, respectivamente, de $135 mil, $135 mil y $130 mil.
La suspensión de juicio a prueba será por dos años, porque ya tiene una probation en otra causa resuelta en los Tribunales de Gualeguaychú.
Hernán Barrera ofrece una reparación de $100 mil a la Municipalidad de Seguí.
Y como normas de conducta hacer un aporte de $400 mil distribuido entre las siguientes entidades: Merndero Lionel Messi, Comisión Vecinal Ricardo Güiraldes y Casa de Acompañamiento José Rodríguez. Cada una recibirá los siguientes montos: $135 mil, $135 mil y $130 mil.
En su caso, la suspensión del juicio a prueba será por un plazo de 2 años.
El juez Bonazzola les hizo saber a los cuatro que llegaron a esa instancia acusados de un supuesto hecho ilícito, “delito que está todavía bajo investigación, con requerimiento de elevación a juicio, pero hay cuestiones procesales que lo han demorado. Como se ha informado, carecen de antecedentes penales condenatorios. La pena que le correspondería en un eventual juicio sería de ejecución condicional, no superaría los 3 años. En estos casos, la ley penal les otorga la posibilidad de resolverlo mediante la suspensión del juicio prueba”.
“La suspensión implica la suspensión de este juicio durante un tiempo durante el cual deben cumplir reglas de conducta, controladas por la Oficina de Medios Alternativos. Vencido el período de la prueba, si han cumplido satisfactoriamente con dicha conducta, reparado el daño, el juez les va a dictar el sobreseimiento, lo que supone el cierre definitivo de la causa abierta en su contra”, señaló Bonazzola.
