Los fiscales que investigan a Rossi y Díaz son Alejandro Cánepa y Álvaro Piérola. Fuentes judiciales indicaron que a la audiencia asistirá este último y que se opondrá al sobreseimiento, ya que la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito aún no está cerrada.
La causa
La investigación se abrió de oficio a fines de 2016, por orden del procurador general Jorge García, luego de una publicación de la revista "Análisis" en la que se informó que la ex legisladora tendría en el Scotia Bank de Montevideo una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.
El legajo fue caratulado "Díaz Patricia Teresa y otro s/ Enriquecimiento Ilícito". Desde entonces, la defensa de los imputados solicitó al Ministerio Público Fiscal que cierre la causa ya que aseguran que no existe delito, y que la causa se abrió por cuestiones "políticas".
El 13 de febrero los abogados de los acusados presentaron nota dirigida al fiscal Álvaro Piérola, en la que propusieron viajar a la República Oriental del Uruguay para buscar información en el banco aludido.
El 26 de julio volvieron a presentan un escrito solicitando que se dé por concluida la investigación. En esa oportunidad pidieron un 'pronto despacho' en la causa.
En un comunicado emitido a mediados de agosto, cuando el juez de Garantías hizo lugar a la convocatoria de audiencia solicitada por los abogados de los imputados, estos reiteraron sus reproches al Ministerio Público Fiscal.
"La noticia fue publicada en diciembre de 2016, y dos días después ambos encartados se presentan espontáneamente, y en los términos del art. 220 del Código Procesal Penal, proponen diligencias concretas, en la República Oriental del Uruguay, en el banco mencionado por el articulo periodísticos, con el fin de terminar de manera rápida y eficaz con lo que es una injusticia, ya que toda la causa se encuentra sostenida por una articulo falaz, cuya falsedad ya se encuentra acreditada en el legajo", dijeron entonces y agregaron que "dicha diligencia no sólo fue ignorada por el Ministerio Publico Fiscal, sino que la hemos propuesto en varias oportunidades sin respetar la manda legal de rechazar al menos, por decreto fundado la producción de la misma".
Entre las garantías procesales que entienden que fueron violadas señalaron la de "Non Bis in Ídem" (No dos veces por lo mismo). Este principio consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. La alusión a este principio es porque Rossi, en 2006, fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito en la función pública, delito que ahora nuevamente se le imputa. En aquella causa fue condenado a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años, al pago de 90.000 pesos de multa y a hacer tareas comunitarias durante tres años.
El tribunal que lo condenó estuvo integrado por los camaristas Jorge García –hoy Procurador General-, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. El fallo quedó firme en 2007 y fue destituido como intendente de Santa Elena. En 2010 acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise su condena.
El lunes, Rossi y Díaz volverán a pedir el sobreseimiento, pero la fiscalía se opondrá. La última palabra la tendrá el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.
