Máxime si se tiene en cuenta que el proceso que culmina en esos comicios ha sido de una irregularidad rayana en el delirio, y que desde el gobierno el Presidente Maduro y sus acólitos no han hecho otra cosa que sembrar el miedo.
Viene al caso recordar que precisamente atento al estado de cosas que se vive en ese país, uno de los primeros pronunciamientos públicos del presidente electo Mauricio Macri, estaba referido de una manera contundente a su determinación de pedir la aplicación de la denominada cláusula democrática del Mercosur contra el gobierno de Venezuela. Así suspendería al Estado venezolano de toda participación en esta organización multilateral de la que es miembro pleno desde el 2012.
La promesa de Macri busca honrar el compromiso asumido por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile en julio de 1998 con la firma del Protocolo de Ushuaia. Este tratado internacional dice que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial" para la pertenencia en el MERCOSUR, y que "toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes" debe llevar a su suspensión.
El origen de una azarosa historia todavía sin concluir
Según un analista internacional mientras Macri pretende, acertadamente, castigar los quince años de erosión democrática y pernicioso liderazgo regional de Venezuela a cargo del régimen autoritario-competitivo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hay otro expresidente izquierdista venezolano ?un demócrata? a quien Macri debería estudiar y tomar como inspiración para asumir un liderazgo que vaya más allá de las fronteras comerciales del MERCOSUR, hacia foros de vocación continental como la CELAC y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese analista trae a colación a Rómulo Betancourt, un presidente socialdemócrata de Venezuela de los años sesenta del siglo pasado, cuyo legado fue bautizado como la famosa "Doctrina Betancourt", y que con los años fue codificado en distintos instrumentos jurídicos internacionales bajo el nombre de "cláusula democrática": la misma que quiere aplicar Macri hoy.
Es que Betancourt en su primer mensaje al Congreso en 1959, de una manera enfática y solemne pero de cualquier manera informal, dejó sentada la doctrina conocida por su apellido, que a lo largo del tiempo se vendría a convertir en una regla lamentablemente no siempre cumplida ?habría que decir mejor casi siempre incumplida- del derecho público interamericano.
Fue cuando señaló que regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a [un]riguroso cordón sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana."
Un historiador que alude a esta parte de la trayectoria pública de Betancourt comienza por explicar que al igual que muchos líderes e intelectuales latinoamericanos, el presidente Betancourt fue desde un principio un declarado admirador de la revolución cubana, pero no dudó en condenar a Castro cuando quedó claro que su intención no era crear una alternativa democrática a la tiranía de Batista, sino liderar su propia dictadura al estilo soviético.
Es así como se señala que en 1962, después de pedirle a Castro que pusiera un alto a las ejecuciones en masa y a la falta de respeto a las libertades y la dignidad humana, Betancourt rompió relaciones diplomáticas con Cuba.
Y consecuente con su pensamiento durante se segundo período presidencial lo hizo también Betancourt con la España de Franco, la República Dominicana de Trujillo y los gobiernos autoritarios de nuestro país, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y Haití, hasta tal punto que como con compasiva ironía lo señala un biógrafo suyo, aunque no murió, quedó casi solo en su intento.
Y no se trata esto de una forma de decir ya que, como detalle más que anecdótico, debe indicarse que sobrevivió a un intento de asesinato ordenado por Rafael Trujillo, en 1960, y derrotó dos intentonas golpistas patrocinadas por Fidel Castro.
Pero de cualquier manera su consecuente conducta le otorgó una posición de liderazgo en la opinión pública internacional, y en honor a su prédica institución alizadora, el término "Doctrina Betancourt" acuñado para referirse a la política de relaciones exteriores consistente en negar reconocimiento y romper relaciones diplomáticas con cualquier líder que llegase al poder usando métodos antidemocráticos o que, independientemente de sus métodos, optase por instalar una dictadura.
Y al respecto debe remarcase que Betancourt, no hacia diferencias entre las dictaduras de derecha de las de izquierda, a todas las cuales ponía en una sola bolsa como lo que son, simplemente dictaduras.
El 11 de septiembre de 2001, la Doctrina Betancourt se convirtió finalmente en obligación jurídica gracias a la aprobación por la OEA de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico similar al Protocolo de Ushuaia, en el que los países componentes del Mercosur y otros vecinos introdujeron lo que se conoce como la cláusula democrática del Mercosur.
En uno y otro caso, es decir bajo ambas reglas se estableció que se debería impedir la participación en las respectivas organizaciones de gobernantes que acceden al poder a través de golpes de Estado así como la de los que son electos democráticamente pero escogen erosionar la democracia desde adentro.
No debe pasarse por alto que como se destaca ya en el año 2001, los golpes militares eran considerados una cosa del pasado y los regímenes autoritarios democráticamente electos, al estilo del de Alberto Fujimori en Perú, eran considerados como la gran amenaza contra la democracia en el continente. A ese respecto se debe señalar que, una vez ungido presidente, Fujimori se dedicó a erosionar la democracia de su país: cerró el parlamento opositor, eliminó la independencia del poder judicial, persiguió judicialmente a sus adversarios políticos, y censuró a la prensa independiente.
Mientras tanto emergió en nuestro continente otro tipo de democracia, que con el nombre que sea y con una cáscara ideológica diversa pero en definitiva similar con la que se viste, se las puede calificar benévolamente como la expresión de un populismo autoritario. Es decir que podrán mostrarse como democracias camufladas, pero no lo son en cuanto hacen gala de su desprecio del Estado de Derecho, el que junto al sufragio universal son la expresión simbiótica de la auténtica democracia.
Una construcción a la que falta techar
Hice alusión al inicio del apartado presente que nos encontramos ante el relato de una azarosa historia inacabada. Es que las normas están, pero en puridad cuando se trata de hacerlas cumplir (o sea de mostrarles respeto y ejecutarlas) se asiste casi de una manera invariable al escape por la tangente o a hacer, como decían los textos de las clásicas obras de teatro, mutis por el foro. De allí que indicáramos que nos encontramos ante una construcción a la que falta techar, dado que hacerlo significa aplicar en la práctica sus normas.
Es que a decir verdad la cláusula democrática del Mercosur solo se aplicó una vez, en ocasión de la destitución del presidente Lugo por un juicio político, que cuestionó la legalidad de dicho mandatario de ser dudosa, no lo sería menos que otras transgresiones tanto o más graves que se producen en otros países del Mercosur, y de la que los otros integrantes de la organización hacen como si no las vieran.
De allí que no resulte descabellada la hipótesis que en ese momento se barajara, en el sentido que la suspensión de Paraguay en el ejercicio de sus derechos de miembro del Mercosur, como forma de poder hacer ingresar a Venezuela en su carácter de socio, a lo que precisamente se oponía el país guaraní con un voto que equivalía al veto.
Es que la cláusula democrática alude a un marco institucional en el que las autoridades surgen del voto popular universal y secreto ejercitado en elecciones periódicas, pero que exige, además, que los poderes del Estado funcionen de una manera independiente de manera de garantizar y promover los derechos de la población que de esa manera quedan garantizados.
De allí que suenen inconsistentes las excusas detrás de las cuales se esconde la presidente del Brasil Dilma Roussef, para no admitir la aplicación de esa cláusula por no haber una causa determinada para hacerlo, a diferencia de lo que sucedió en el caso del Paraguay.
Como si el encarcelamiento de políticos opositores como consecuencia de procesos, que por ser amañados no son verdaderos procesos, y el virtual monopolio en la comunicación social (los venezolanos tienen que enterarse de lo que se les oculta recurriendo a una emisora televisiva colombiana cuyos programas se cuelan por Internet) no fueran causas determinadas para quedarnos tan solo en dos casos concretos que se podrían extender en una larga lista.
Claro está que la situación expuesta no debe sorprendernos porque en el ámbito de las relaciones entre países se hace presente una gran dosis de hipocresía, como consecuencia de la incidencia que tienen en las decisiones adoptadas las relaciones de poder y la puja entre intereses encontrados.
Para dar un solo ejemplo que resultaría cómico si no fuera trágico de esa circunstancia basta con señalar que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrada en gran parte por representantes de países con regímenes que hacen equilibrio en la delgada y resbaladiza línea que separa la autocracia extrema del totalitarismo.
De cualquier manera es de esperar que volvamos a tiempos en que sentábamos doctrina en materia de relaciones internacionales, antes de haber caído en bochornos como el del remanido memorándum con Irán. No hay que olvidar así que en la primera reunión de lo que entonces se conocía como panamericanismo, a fines del siglo XIX, nuestro país fue el único que se plantó a los Estados Unidos, tratándolo de igual a igual, con contundentes posiciones de nuestros enviados Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. Que nuestra fue la consigna "América para la humanidad", aquello que "la victoria en la guerra no da derechos" o la todavía invocada Doctrina Calvo.
