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Al término de la declaración de imputado del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, declaró como testigo el titular de la Contaduría General de Entre Ríos, Aurelio Miraglio, en el marco del megajuicio que tiene como principal imputado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. El funcionario habló del rol de la institución a su cargo en el control de las contrataciones de publicidad que realizó en el gobierno de Urribarri y, si bien defendió el accionar del organismo de control internos en la administración pública, no pudo explicar algunas intervenciones tardías en procesos de contratación.

La hipótesis de la Fiscalía apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Para lograrlo, el Ministerio Público Fiscal habla de controles “laxos” en la administración que permitieron las maniobras.

La fiscal Patricia Yedro consultó a Miraglio sobre el trámite que realizaba la Contaduría General “en el caso de una contratación directa de publicidad por vía de excepción”. Al respecto respondió que el trámite se origina cuando el Sistema de Información Financiera informa que hay “Reserva Preventiva” en el que se acredita que hay fondos para la contratación que se requiere.

En ese punto, Miraglio no supo explicar una reserva preventiva que ocurrió cinco meses después de la contratación. Fue cuando la fiscal le exhibió una contratación por el período julio-septiembre de 2012 y el contador leyó que en el documento que obra en la Contaduría se realizó la reserva preventiva recién el 12 de diciembre de ese año.

“¿Está mal que la reserva se realice con posterioridad, cuando estaba cumplida la orden de publicidad?”, preguntó la fiscal. Entonces, Miraglio comenzó a mostrarse incómodo y a señalar problemas para oír las preguntas.

Luego, ante la insistencia de la consulta, esgrimió: “Habría que ver el expediente, en qué momento fue a la Contaduría y el criterio que tuvo la contadora delegada en ese momento. Si había partida no habría inconveniente de que prospere el trámite”.

—La reserva es de diciembre y la orden de publicidad es hasta septiembre –insistió la fiscal.

—Yo veo que hay partida. Es lo único que puedo concluir.

—¿Cómo puede explicar que la reserva preventiva es cinco meses posterior?

—Obedece al criterio del o la profesional que intervino, que consideró que cumplía todos los requisitos.

—¿Dónde estaría el control previo de la Contaduría en este caso? –quiso saber otro fiscal.

—La Contaduría tiene dicho que cuando solamente falta (en el trámite) la intervención preventiva y está todo lo demás, no es causal de oposición. Solamente la falta de intervención preventiva no es suficiente para ejercer el acto de oposición, sino estaríamos paralizando un trámite.

—¿Usted tenía manera de verificar cómo se conformaban las empresas contratistas? –quiso saber el fiscal.

—De ninguna manera. Es imposible. En los años que estoy llevo medio millón de expedientes. Aparte, los profesionales son todos probos. Son profesionales y no tienen compromiso conmigo. Los contadores hacen un excesivo control formal de las cosas. Lo que no hace la Contaduría es merituar.

Al concluir su declaración, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la semana que viene cuando continúen desfilando testigos. En tanto, los defensores de Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, anunciaron que dará su declaración de imputado el jueves que viene.
Más testigos
El próximo lunes declaran como testigos cuatro personas citadas por los defensores: Georgina Galetto, Edgardo Rinesi, Rosario Román Jalil y Miguel Ulrich.

El martes será el turno de Carola Vitar, Gustavo Gruber, Gonzalo Fernández y Flavio Zárate. Y el jueves será citada Romina Estefanic y Luis Esteban Plugoboy.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el exministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi –los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next–; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del Ministerio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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