El ajuste que realizó Nación en el área de Salud provincial fue estimado en $100 millones: desde 2016, varias de las coberturas y envío de fondos han ido menguando, llegando incluso hasta la desaparición en algunos casos. El recorte afecta a las capas de población más sensibles, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados.
Los números difundidos sobre esta problemática ilustran que, en los primeros tres meses del año, de las partidas acordadas en la Ley de Presupuesto para destinar a personas de escasos recursos con problemas de salud, unos $127 millones de pesos, ya se ocupó un total de $46.821.379, es decir que en un trimestre se ocupó el 38% de lo previsto para todo el año.
Andrea Nassivera, coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud, expresó que “el año pasado, la Nación resolvió transferir a las provincias la cobertura y financiación del transporte. Fue una decisión intempestiva que molestó mucho a las instituciones que brindan prestaciones. La Provincia tuvo que hacerse cargo. Y estamos tratando de resolverlo. Ya hemos pagado prestaciones de enero a abril”.
Testimonios
Para graficar la gravedad de la situación, Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, que integra la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos, advirtió en su momento el posible cierre de la institución. “Hoy no podemos encender las calderas para climatizar la pileta porque no podemos afrontar los gastos del gas. Lo que para algunos puede ser un lujo, para una persona que está 24 horas del día en una silla de ruedas poder entrar en una pileta climatizada, recibir masajes y poder moverse libremente en ella es un cambio de calidad de vida”, explicó.En este sentido, la religiosa explicó que "el problema económico es muy grande y estamos tratando de salvar las instituciones. Nos mantenemos y mantenemos las instituciones con los aportes de las obras sociales cuyo monto de prestación lo establece el Ministerio de Salud de la Nación en base a la Ley Nacional de Discapacidad”, manifestó.
Qué dicen desde Provincia
Por su parte, la funcionaria del área de Salud, Nassivera, señaló que “hay 22 instituciones en la provincia que tenían convenios directamente con la Nación. Recibían los pagos sin intermediación de la Provincia. Eran recursos que venían de Nación para hacer frente a tratamientos de alto costo, oncológicos, discapacidad, enfermedades poco frecuentes. No hay un cálculo definitivo, pero estimamos que la deuda es del orden de los $100 millones”.“La realidad es que a partir de 2017, y con mayor gravedad a partir de 2018, los atrasos en los pagos de prestaciones con discapacidad han sido muy importantes, lo cual ha complicado financieramente a las instituciones. A eso se suma el hecho de que en 2018, y en forma unilateral, la Nación responsabilizó a las provincias de coberturas que estaban a cargo de la Nación. Un caso es el transporte. Si no hay transporte, no hay acceso a los centros de día, por ejemplo”, indicó en declaraciones a Radio Costa Paraná 88.1.
Finalmente, remarcó que “Nación se ha retirado no solo de las prestaciones directas, sino de la remisión de recursos a la provincia –plantea Nassivera-. No los transfieren. Eso obligó a la Provincia a asumir con sus propios recursos lo que no llega más. Esto ocurre en adultos mayores, tratamientos farmacológicos de alto costo, hormonas de crecimiento, sillas de rueda. Todo esto hoy es cubierto en un 70% con recursos provinciales, que tuvieron que salir de la galera, en función del retiro de la Nación”.
