Las expresiones de Sastre respecto del Regimiento 6 “Blandengues” exceden lo ideológico. Calificar de “mentiroso” un SITIO DE MEMORIA y hablar de “supuestos” delitos de lesa humanidad, no es una opinión política, es un delito contra el honor, la dignidad humana, que qué es rayano con la complicidad y ocultamiento de delitos que aún hoy se siguen investigando. Y esto nos obliga a explicar qué prueba judicial se está desconociendo, ya que livianamente se sostuvo que no estaría probado que esos hechos hubieran ocurrido allí. Sin embargo, los expedientes federales dicen algo sustancialmente diferente.   Respuesta jurídica del abogado y exconcejal Mariano Giampaolo.   1. ¿Cómo explica Sastre los reconocimientos de los propios militares?   No estamos hablando solamente de testimonios de víctimas, familiares u organismos de derechos humanos. Hablaron integrantes del propio Regimiento.   El teniente primero Juan Antonio Parodi, que prestaba funciones en el Regimiento 6 bajo las órdenes de Naldo Miguel Dasso, declaró textual y judicialmente que el 24 de marzo de 1976 se ordenó detener aproximadamente a “30 o 35 personas”, que fueron trasladadas al Regimiento y alojadas allí. También reconoció que las fuerzas policiales y de seguridad se encontraban bajo el control operacional del jefe del Regimiento.   Es decir: un oficial de la propia fuerza reconoció las detenciones y el alojamiento de detenidos dentro del Regimiento.   También existen testimonios incorporados a esas actuaciones sobre el poder que ejercía Dasso como jefe del Área 225. Jorge Pedro Busti declaró que fue recibido por Dasso con un arma sobre el escritorio y que éste le manifestó que era “el dueño de la vida y de la muerte” dentro del Área 225. La Justicia, además, realizó una inspección judicial en el propio Regimiento para reconstruir físicamente los lugares vinculados con los hechos investigados.   Y está el caso de Jorge Emilio Papetti, conscripto del propio Regimiento. Parodi declaró que Dasso le había informado que Papetti había sido detenido por su supuesta vinculación con actividades consideradas subversivas. Su desaparición fue posteriormente investigada en la causa Área Paraná II, dentro de un proceso que terminó con condenas por delitos de lesa humanidad.   Pero además la Justicia Federal, además, no se limitó a escuchar testimonios: realizó una inspección en el Regimiento y reconstruyó físicamente los lugares vinculados con las detenciones investigadas. Es decir, hubo testimonios, documentos, reconocimiento del terreno y valoración judicial de todo ese material.   Entonces la pregunta para Sastre es sencilla: ¿qué parte de estos reconocimientos considera falsa? ¿Miente Parodi? ¿Mienten quienes integraban la propia estructura militar? ¿Miente la prueba incorporada a expedientes que atravesaron años de investigación y revisión judicial?   2. No todas las causas judiciales pueden meterse en la misma bolsa.   Tal vez el error conceptual de Sastre sea trasladar a estos procesos la profunda desconfianza que existe en Argentina por la utilización política, mediática y empresarial de determinadas causas judiciales contemporáneas.   Si bien su espacio político llegó al gobierno por el denominado lawfare (operaciones judiciales, mediáticas, sobre causas que resultaron altamente cuestionables y notoriamente utilizadas con fines políticos por los tiempos y los modos en que se desarrollaron). Ello no significa que toda causa judicial sea igual.   Los juicios argentinos por delitos de lesa humanidad atravesaron décadas, gobiernos de distintas orientaciones, tribunales ordinarios, instancias de revisión y estándares internacionales (son ejemplo en el mundo). No fueron tribunales especiales creados para condenar adversarios: ante la OEA se destacó precisamente que Argentina juzgó estos crímenes mediante las reglas generales de la Justicia ordinaria, sin jueces especiales ni selección excepcional de acusados.   El proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia ha sido además seguido internacionalmente durante décadas. Organismos de Naciones Unidas continúan registrando centenares de causas, condenas y absoluciones, lo que demuestra justamente que existió actividad jurisdiccional, defensa y revisión, no una simple construcción política.   Pensar que porque existieron causas judiciales manipuladas, discutidas o funcionales a determinados intereses políticos todas las causas tienen esa misma naturaleza sería un razonamiento jurídicamente inadmisible.   Evidentemente el concejal sastre cae en aquel viejo refrán de pensar que todo ladrón piensa que al resto tiene su misma condición, aquí la has llegado de la mano de una justicia amañada y tendenciosa no significa que todo el poder judicial haya actuado históricamente igual.   3. Revisar la historia es legítimo; desconocer hechos probados, un delito.   Sastre tiene todo el derecho de revisar la historia, discutir políticas de derechos humanos, cuestionar interpretaciones ideológicas y sostener la posición política que considere.   Lo que no puede hacer seriamente —mucho menos siendo abogado y funcionario público— es convertir mediante una columna de opinión hechos investigados judicialmente en simples “supuestos”.   Una cosa es discutir la interpretación de la historia. Otra es desconocer testimonios, reconocimientos de integrantes de la propia fuerza, inspecciones judiciales, documentos y sentencias.   Por eso corresponde que el concejal explique públicamente qué prueba concreta tiene para desacreditar estos testimonios y reconocimientos. Que señale cuál declaración considera falsa, qué elemento del expediente considera inválido y sobre qué evidencia sostiene que el cartel es “mentiroso”. Si puede, deberá hacerlo con documentos y pruebas.   Y si no, debería tener la hombría de bien de reconocer que se equivocó y pedir públicamente disculpas a los familiares de Jorge Emilio Papetti, Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Zalasar y a todas las víctimas y familias que durante décadas debieron atravesar el dolor de aquellos atropellos.   Porque la libertad de expresión protege el derecho a opinar. Pero justamente para cuidar tan sagrado derecho debe evitarse hacer opinología política cuando hay la contundencia del reconocimiento de los propios miembros de las fuerzas armadas que reconocieron sus abusos.