Los alegatos de parte en la causa que ventiló el desvío de dinero de la Cámara de Senadores de la provincia, entre 1995 y 1999, se desarrollan este jueves desde las 9.30 en los tribunales locales. “El Ministerio Público Fiscal considera probado el delito imputado. Alanís y Re fueron quienes dispusieron la salida de dinero para las operaciones a través de la firma de cheques al portador”, alegó Cánepa. “Había un Senado en Minoría, esto implicaba gobernar de una manera muy complicada. La mejor prueba de que esto formo parte de una connivencia entre los dos partidos políticos, es que no hubo ni la más mínima oposición durante el período. Acá hubo un acuerdo entre Alanís y re, en representación de las fuerzas políticas. En tanto, Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra fueron los brazos ejecutores”, acusó el procurador García.
Además dijo que el delito no hubiese sido posible sin “la acción dolosa” de (Cristian) Treppo y (Marta) Pérez, ambos ex auditores en terreno del Tribunal de Cuentas de la provincia. “Treppo había sido llevado por Alanís y no en vano, hoy es intendente de Seguí por el mismo partido político”, lanzó García. Y agregó que “Treppo está a punto de llegar a juicio oral por lo que he denominado las obras del pavimento de oro”. “Treppo y Pérez eran el reaseguro de que el delito se cometa, hubo una connivencia dolosa”, acotó.
Para la Fiscalía, el Peculado ya se concretó en la emisión de cheques “por más de 500.000 pesos al portador, porque se perdió la cadena de custodia del dinero público, ya que eran cobrados por empleados sin jerarquía alguna”. “Las personas que deciden son las que llevan a cabo estas acciones que no son realizadas por pinches, y si los pinches lo hacen es a raíz de acuerdo u orden de quiénes deciden”, asentó.
En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal también marcaron que el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya aprobado en su momento las maniobras, “no significa que esto sea cosa juzgada”, porque “eso corresponde a cuestiones administrativas y no exime a la justicia penal ni civil”.
El delito acusado es el de Peculado en concurso real continuado.
A su turno, los querellantes Juan Torres y Julián Grascia de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción respectivamente, adhirieron al alegato del Ministerio Público Fiscal y solicitaron penas de 3 años de prisión condicional.
