El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles, durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. Desde la oposición, el legislador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos) destacó los cambios incorporados a partir de las propuestas de su bloque y afirmó que permitieron reforzar los mecanismos de control patrimonial y las sanciones por incumplimientos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos consideró que el proyecto mejoró respecto de la versión original. “El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó, y eso se debe a los cambios que propuso el Bloque de Senadores del Partido Justicialista”, señaló.
Cosso sostuvo que la iniciativa debe contemplar mecanismos concretos para garantizar la transparencia y no limitarse a una declaración de intenciones. “Los entrerrianos nos piden transparencia en serio, no otro anuncio. Para eso hace falta una ley con controles concretos, que permita conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes gobiernan y que tenga consecuencias cuando las obligaciones no se cumplen”, expresó.
Ética Pública: los cambios en el control patrimonial
Uno de los principales puntos destacados por el senador Cosso fue la modificación del régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Según explicó, el proyecto original exigía presentar esa documentación únicamente al asumir y al dejar un cargo, sin establecer un seguimiento periódico durante el ejercicio de la función pública.
A partir de los aportes del bloque justicialista, el dictamen establece la presentación de una declaración jurada anual, con plazo hasta el 31 de julio de cada año. También contempla información sobre bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen, e incorpora expresamente las billeteras virtuales y los criptoactivos.
Además, prevé la publicación en internet de las declaraciones juradas y de los listados de quienes cumplieron con la obligación y quienes no, con resguardo de los datos sensibles.
En materia de sanciones, el texto establece multas de hasta el 50% del sueldo por no presentar la declaración o hacerlo de manera incompleta. En caso de reincidencia, la penalidad puede llegar al 100%.
“Una declaración jurada que no se actualiza y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias es un trámite, no un control. La transparencia requiere información periódica, acceso público y herramientas para exigir que la ley se respete”, remarcó Cosso.
Ficha Limpia: buscan fortalecer su aplicación judicial
Otro de los aspectos señalados por el legislador corresponde a los artículos 23 y 24 del proyecto, vinculados con las restricciones para ejercer cargos públicos o presentarse como candidato para quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves.
De acuerdo con Cosso, el trabajo en comisión permitió establecer que las condenas deban estar confirmadas en dos instancias, vincular la duración de las restricciones con la condena en lugar de fijar un plazo uniforme, precisar los delitos alcanzados y corregir remisiones normativas.
El dictamen también exige el certificado de antecedentes penales a quienes asuman funciones públicas y a todos los candidatos de cada lista.
“Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto. Tiene que ser una herramienta eficaz y jurídicamente sólida. No alcanza con aprobar una norma que después se caiga en tribunales por errores de redacción o por no respetar las garantías constitucionales. Una ley mal hecha termina beneficiando a quien se quería alcanzar”, advirtió el senador.
Cosso defendió el rol de la oposición en el debate
Al referirse al trabajo legislativo, el senador justicialista sostuvo que su bloque participó del tratamiento con el objetivo de introducir modificaciones y no de acompañar o rechazar el proyecto sin discusión.
“No vinimos a obstaculizar ni a acompañar a libro cerrado. Vinimos a leer el proyecto artículo por artículo y a mejorarlo. Si hoy la ley tiene controles reales, es porque hubo trabajo serio en comisión”, afirmó el representante de Villaguay.
Finalmente, insistió en la necesidad de que la norma establezca obligaciones verificables y consecuencias concretas ante eventuales incumplimientos.
“Una ley de ética pública no puede quedar sólo en una declaración de principios. Tiene que establecer obligaciones claras, controles permanentes y sanciones que se puedan hacer efectivas. Trabajamos con esa responsabilidad: para que la transparencia sea una práctica real y para que la ley se cumpla”, concluyó.
