En este caso puntual "eso está claramente dividido en dos hechos: el primero es específicamente lo que sería el enriquecimiento ilícito que se endilga primariamente en este estadio procesal en la persona de Sergio Daniel Urribarri y su grupo familiar. Eso en este momento está en recopilación de documentación, con pedidos en distintos organismos con una participación muy activa de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), y en definitiva la última palabra pasaría a la competencia de los contadores".
Al respecto, especificó que "una vez que se reúna toda la documentación se hará una pericia contable y de allí se va a determinar sobre ese primer hecho: si en la evolución de ingresos y egresos hay equilibrio económico".
Agregó que "eso va separado del segundo hecho, que se inicia como una suerte de negociación incompatible por parte de Juan Pablo Aguilera, a quien en principio los fiscales le endilgan haber utilizado dos empresas NEXT SRL y TEP SRL –que tienen distintas razones sociales- para beneficiarse económicamente. Y allí participaron otras personas como Luciana Almada, (Emiliano) Giacopuzzi, (Maximiliano) Cena y Alejandro Almada".
Mencionó que la defensa conformó un equipo de trabajo: por un lado trabajando sobre el enriquecimiento ilícito de la familia Uribarri junto con Raúl Barrandeguy, y por otro carril separado hay participación de otros colegas que defienden a otras personas que no son de la familia Aguilera".
Destacó que "con el avance de la investigación y después de producirse los distintos allanamientos en distintos inmuebles sobre este segundo hecho, el lunes o martes pasado surge una ampliación de las negociaciones incompatibles y allí aparece como sospechado para ser investigado, el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, y un ex colaborador suyo (Gustavo) Tamai, quien debe designar abogado defensor".
Explicitó que "en esa ampliación de imputación, hay una suerte de reformulación de los hechos por la cual estamos trabajando" y admitió que "también está nombrado en esta ampliación Sergio Urribarri en su calidad de gobernador".
Cinco puntos críticos
Rodríguez Allende indicó que en este punto del proceso "aparecen cinco puntos que no habían aparecido en la primera apertura y sobre los que estamos trabajando para hacer la defensa y a los que cuestionamos".
Detalló que "como primer punto se habla de un beneficio económico desmedido de las firmas NEXT SRL y TEP SRL. No hay que confundir el objeto social: NEXT es una empresa dedicada a imprenta y venta de insumos de librería conformada por Alejandro Almada y (Maximiliano) Cena; mientras que la empresa TEP SRL dedicada a fines de publicidad estática y cartelería, cuyos propietarios son Giacopuzzi y Luciana Almada en un 10 por ciento".
Al respecto, aseveró: "Vamos a demostrar que eso de ninguna manera está dado" y ejemplificó: "NEXT y TEP no nacieron de la noche a la mañana y según consta en la documentación se formaron antes de la gobernación de Jorge Busti, y la facturación de 2015 es de cero, no se facturó absolutamente nada en una de las empresas".
Ante ello, señaló que "el problema que tienen los fiscales es que van a tener que utilizar los organismos públicos como AFIP para darse cuenta que los ingresos no se condicen con lo que piensan los fiscales para hablar de un beneficio económico desproporcionado".
Respecto de la facturación de dichas empresas, mencionó que "en los informes del Tribunal de Cuentas se aprobó todo" aunque aclaró que "aunque estén los informes aprobados, eso no quiere decir que no haya que investigar". Y añadió: "Si confrontamos con otras empresas y personas que trabajan en publicidad estática en Paraná, Concordia o Concepción del Uruguay, tienen una facturación mucho mayor que la de TEP".
El segundo punto que cuestionó el abogado es que "se habla de un direccionamiento intencionado a estas empresas, cosa que vamos a demostrar que no es así, porque acá no existía la única publicidad estática hacia TEP SRL sino que hay otras personas dedicadas a la publicidad y la cartelería que han sido beneficias de la misma forma o aún más". Si bien reconoció que dichas personas "no eran familiares de Urribarri" aclaró: "Voy a demostrar que Urribarri no tiene absolutamente nada que ver con Cena y Giacopuzzi y no los conoce, y el hecho de que Luciana Almada (esposa de Juan Pablo Aguilera) tenga el 10 por ciento de las empresas no trae ningún tipo de incompatibilidad".
En un paréntesis de su relato, Rodríguez Allende se refirió al crecimiento patrimonial de la empresa de Giacopuzzi, Almada y Cena para crear una de las imprentas más importante de la Mesopotamia y afirmó que "hay una evolución financiera demostrada impositivamente a través de AFIP y de los distintos órganos de control, especialmente a partir de ganancias, y está el aspecto contable que demuestra esto, que no fue de la noche a la mañana".
Otro de los puntos criticados por el defensor hacia la ampliación de la imputación, es que "se afirma que se sortearon los mecanismos legales, es decir que no se respetó la línea normal de rutina y licitaciones, en muchos de los casos, para darle beneficio a estas empresas y se dan números de expedientes que estamos estudiando y vamos a demostrar quién tiene razón: si los fiscales que hacen esta afirmación provisoria o la defensa".
Además, se plantea que "se simularon las prestaciones, es decir que algunas no existieron. En este caso los fiscales plantean que se debe investigar si existió el expediente administrativo, la orden de publicidad pero la publicidad no existió. Vamos a demostrar en cuales piensan que hubo simulación de prestación o la publicidad estática o de imprenta no se efectuó cuando se debió efectuar".
Para resumir, estimó que "en dos o tres meses veremos cuáles de las partes ha juntado mayor documentación y aportado para encontrar la verdad real".
En tanto, recordó que "la investigación se inicia a partir de la publicación de la revista ANALISIS y lo que han hecho los abogados (Rubén) Pagliotto y (Guillermo) Mulet no es otra cosa que reproducir lo dicho por la revista" y aclaró: "No pongo en crítica la revista ANALISIS porque si hay una investigación hecha, hay que investigarlo y demostrarlo. Que cada uno junte la documentación y tenga su tesis para conformar lo que ocurrió o no ocurrió".
El Audi
Respecto de la situación del Audi A1 que la empresa Kaskira le habría prestado a Urribarri, Rodíguez Allende definió que "en este caso concreto no recibimos notificación de ninguna apertura de investigación respecto al automóvil que supuestamente se le prestó a Urribarri para que lo pueda utilizar". "No fuimos notificados del inicio de ninguna causa judicial hasta el momento", reiteró.
No obstante, aseveró: "Consideramos que no hay delito, de ninguna manera, porque eso no es dádiva" y aclaró que "dádiva sería si le regalan el auto, pero esto es un préstamo".
"Consideramos que en ese caso puntual no hay ninguna configuración de delito dentro del marco del Código Penal y más allá de que no hay una causa iniciada para investigar, no consideramos que haya un delito plausible de investigación y menos en este caso porque no hay configuración de dádiva", sentenció.
Sobre las imputaciones que realizaron los fiscales, el abogado sostuvo que "una buena defensa no puede basarse en echar culpas para ver de dónde viene la denuncia, si está armada, si es una cuestión política, si viene del periodista Enz o de los abogados Pagliotto y Mulet. Eso no me interesa porque no es el punto de la investigación y es desviar la investigación".
"Acá hay un objeto que tenemos que demostrar y estoy absolutamente seguro porque tenemos toda la documentación y tenemos un equipo conformado para esto, que trabaja día a día, y que vamos a demostrar las conclusiones de los contadores en lo que es enriquecimiento ilícito y en dos o tres meses vamos a poder charlar sobre qué tienen los fiscales y la defensa sobre estas dos firmas cuestionadas para sacar las conclusiones", culminó.
