Cabe recordar que tiempo atrás, el diputado Néstor Loggio (PJ) presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para que se cobre un 30 por ciento sobre el Impuesto Inmobiliario a los inmuebles ociosos que no se utilizan para vivir, ni tampoco se alquilan o están en venta.
La iniciativa establece que solo pagarán ese porcentaje extra quienes posean “cuatro o más propiedades urbanas edificadas, tanto dentro como fuera de la provincia”.
En este marco Carolina Iara Defazy, vicepresidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia, expresó que “el proyecto de vivienda ociosa es complejo y seguiría perjudicando al mercado porque no se puede obligar a una persona que tiene su capital a darle el destino que otros quieran”.
“Va a reducir aún más las inversiones, hay muchas personas que tienen la vivienda ociosa porque tienen familia en ese lugar y usan esa unidad para tener dónde quedarse cuando hacen una visita. ¿Por qué tienen que decidir sobre el destino de la propiedad privada de una persona?”, dijo Defazy.
“Es complejo y vulnera algunos derechos de propiedad que son importantes a tener en cuenta”, explicó la vicepresidenta.
En este mismo sentido, Armándola contó que “es importante que podamos construir políticas públicas como sociedad que les permitan tener un techo digno a todos, invadir en la propiedad privada y en los derechos que forman y que son identitarios de la República Argentina; estamos convencidos desde el colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de que no es el camino”.
En cuanto a políticas públicas, la presidenta afirmó que están dispuestos a “sentarse en la mesa para aportar soluciones a estas problemáticas; nos interesan y son totalmente relevantes para nosotros pero consideramos que va por el lado del estímulo, del acompañamiento y de la producción de esas viviendas y no de querer satisfacer ya la demanda con lo que existe hoy porque no alcanza”.
A su vez, explicó que coinciden con “la observación que hay sobre la necesidad de que haya mayor cantidad de ofertas de viviendas para alquilar, pero no podemos negar que el déficit habitacional en Argentina tiene una historia de hace más de 100 años, que se han intentado modificar las leyes de alquileres”.
Ley de alquileres
“Una suspensión traería aún más incertidumbre al sector. Creo que el gran error o defecto de esta ley es que generó incertidumbre en el mercado de alquileres porque abrió el juego a 36 meses y no a 24 como se venían haciendo los contratos, pero en esos meses ninguna de las partes sabe ni cuánto va a cobrar y tampoco cuánto va a pagar”, expresó Armándola.“Esto también creó incertidumbre en los inversores, que tal vez tenían un pequeño ahorrito y ya no lo destinan a un inmueble o tal vez a comprar una unidad de pozo que después se vuelca al mercado para un alquiler porque no están claras las condiciones y esto genera mal estar”, explicó Defazy.
