“La propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y debe ser defendido sin titubeos”, manifestaron.
Y en este sentido, agregaron: “Solicitamos que el Poder Judicial actúe con celeridad en estos casos y tome decisiones para restituir la confianza y defender el Estado de derecho. A las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, solicitamos que planteen en forma pública una posición clara en defensa de la Constitución y la legalidad”.
“El país atraviesa una crisis económica difícil y la actividad privada deberá cumplir un rol central en la recuperación”, manifestaron desde el CEER. “Para ello es fundamental la seguridad jurídica y la confianza de los argentinos en el rumbo del país. Entre Ríos debe generar un clima favorable para las inversiones, la producción y la generación de empleo formal privado si quiere avanzar hacia el desarrollo. Este es el único camino capaz de dar bases sólidas a las soluciones de sus problemas estructurales. Las violaciones a la propiedad privada, por lo tanto, son un problema muy grave que compromete el futuro de la provincia”.
“La legalidad y los derechos de todos los argentinos deben ser respetados. Una actitud ambigua del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre las usurpaciones alimentaría la incertidumbre y minaría las bases de la paz social. Estas situaciones exigen mensajes claros y esfuerzos para defender el Estado de derecho y las garantías constitucionales. Cualquier diálogo debe comenzar por un principio de convivencia elemental, que es el respeto a la Constitución Nacional”, concluyeron.
