El Consulado de Bolivia en Rosario –que tiene jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y el extremo norte de Buenos Aires– informó a través de un comunicado que inició gestiones ante instituciones argentinas, luego de conocer sobre los allanamientos realizados a comercios de compatriotas bolivianos durante este jueves.
Según precisaron, contactaron y trabajaron con el director del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia de la Nación, Sergio Job, para que procure la intervención del CAJ en Paraná. E indicaron que la abogada del CAJ en la capital entrerriana, en coordinación con el vicepresidente de la Colectividad Boliviana de Paraná, Juan Eguez, realizaron un seguimiento del caso.
Por otro lado, informaron que enviaron una nota consular dirigida al director del Centro de Acceso a la Justicia de Gualeguaychú, Dr. Francisco Sobral, para hacer gestiones destinadas a que los bolivianos afectados por los allanamientos cuenten con el derecho a la defensa a través de la actuación de la Defensa Pública Oficial Federal.
Asimismo, le enviaron una nota consular al defensor público oficial federal de Gualeguaychú, Dr. Iván Javier Gueler, pidiendo asumir la defensa legal y técnica en favor de los compatriotas bolivianos que no tienen abogado particular.
Además, con una nota consular le pidieron a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Marisa Pena, pidiendo verificar si es evidente que en los allanamientos ordenados por un Juzgado Federal de Gualeguaychú hubo expresiones de xenofobia, racismo y discriminación.
Por último, requirieron al juez federal de Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, información actualizada del caso, en aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Los allanamientos
Según se supo, los operativos se realizaron en ocho ciudades entrerrianas –Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, San José, Victoria, Diamante, Rosario del Tala y Colón– por incumplimiento de la Ley de Marcas.
Se secuestraron 25.133 prendas de vestir y zapatillas por infracción a la Ley de marcas, o por incapacidad de justificar el legítimo ingreso de la mercadería al territorio aduanero. El valor de las prendas secuestradas asciende a $55.640.000. También, encontraron máquinas que se usaban para falsificar las etiquetas.
