Todo comenzó con una ayuda requerida mediante nota por el Partido Socialista. Ese escrito fue seguido por otro de Izquierda Unida y más tarde se sumaron planteos semejantes por parte de los apoderados de Cambiemos, del Partido Unión Popular y del Frente para la Victoria (FPV), los que se incorporaron al expediente 1.755.022/15.
Así quedó reflejado en los considerando del decreto 3.743/15 GOB, fechado el 14 de octubre del año anterior y que recién apareció el 17 de mayo pasado en el Boletín Oficial. Aunque se trató de una publicación parcial, ya que no incluyó el Anexo I, que contiene el detalle de lo recibido por cada organización política.
Ese documento fue solicitado desde este portal siguiendo el procedimiento establecido por el decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. La petición ingresó por la Mesa de Entradas del Ministerio de Gobierno el 23 de mayo pasado. L a respuesta llegó cuatro días más tarde, incluyendo una copia íntegra del decreto firmado por el ex gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero. En el cuerpo principal de la norma puede leerse que "este Poder Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado, debiendo el criterio de otorgamiento resultar objetivo y racional, a los efectos de no caer en diferentes desproporciones o injustificadas (diferencias) respecto de un partido sobre otro, y ajustándose a las posibilidades presupuestarias de la provincia".
La idea era que las distintas fuerzas pudieran imprimir las boletas para sus candidatos a cargos provinciales conforme la convocatoria a elecciones generales realizada por la administración Urribarri a través del decreto 1.324/15 GOB, del 11 de mayo del año anterior.
A tal fin se tomó como valor "una unidad monetaria de referencia por millar de boletas de doce centímetros por diecinueve centímetros (12 cm. x 19 cm.) de acuerdo a lo estipulado por la Dirección Nacional Electoral mediante Disposición Nº 037, destinados a la confección de las mismas para el acto comicial".
Luego de las correspondientes intervenciones por parte de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y de la Contaduría General de la provincia, el trámite siguió su curso y se imputó el gasto a una de las partidas presupuestarias de la Gobernación, la que quedó identificada en el segundo artículo del decreto 3.743/15 GOB.
En total la provincia distribuyó 2.399.846,15 pesos de la siguiente forma: 649.193,86 pesos para el FPV; 615.312,90 pesos para Cambiemos; 600.241,02 pesos para el Partido Unión Popular; 436.136,58 pesos el Partido Socialista; y 98.961,79 pesos para Izquierda Unida. Todos con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Los subsidios fueron asignados pese a la inexistencia de un Fondo Partidario Permanente, al que alude en su segundo párrafo el artículo 29 de la Constitución de Entre Ríos y que debería servir no sólo para financiar gastos corrientes y erogaciones de campañas electorales, sino también actividades de capacitación e investigación.
Así lo propone la Carta Magna, que consagra a los partidos políticos como "instituciones fundamentales en el sistema democrático que concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo". Sin embargo, vigente desde 2008, el 29º es otro de los artículos de la Constitución que todavía no fue reglamentado.
