El exvocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Bernardo Salduna, analizó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. La iniciativa, que actualmente se encuentra en análisis en comisión dentro de la Cámara de Diputados provincial, contempla la creación de un cuerpo de peritos laborales en la órbita del STJ y modificaciones vinculadas a la operatividad de los juicios.
En declaraciones formuladas al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el exmagistrado evaluó el alcance de la propuesta oficial y sostuvo: «La reforma es necesaria, pero insuficiente». Asimismo, argumentó que la discusión legislativa actual representa una oportunidad propicia para avanzar hacia una modificación estructural de la normativa procesal vigente en el distrito.
Durante la entrevista, Salduna profundizó en los aspectos técnicos que, a su criterio, tornan obsoleta la normativa actual en la provincia y detalló su visión sobre cómo debería encararse una modernización del sistema de justicia laboral en beneficio de la ciudadanía.
Al respecto, el exvocal señaló: «Le diría que sí, que es necesaria, pero voy a decir algo más. Me parece que es insuficiente. Yo creo que lo que hay que reformar es el Código en forma completa. Es decir, hay que hacerlo de nuevo, de arriba para abajo».
En la misma línea, el referente judicial aclaró una distinción fundamental respecto de los alcances de la normativa: «Pero hay que aclarar que esto no se trata de una ley laboral; no se cambian las leyes laborales. Lo que se cambia es el procedimiento, la forma en que se tramitan los juicios laborales. Es un reglamento para la tramitación de los juicios de tipo laboral».
Recordando su paso por la presidencia de la Sala Laboral, Salduna indicó que en su momento elaboraron un proyecto integral de más de 400 artículos para agilizar los trámites: «En Entre Ríos tenemos un Código Procesal Laboral bueno en su momento, pero que a mi criterio ha quedado totalmente obsoleto, fuera de época, inadecuado para los tiempos modernos».
Consultado sobre si la iniciativa está orientada a beneficiar al sector empleador, Salduna reconoció que la normativa persigue ese objetivo parcial, aunque advirtió sobre posibles efectos contrarios en la práctica procesal diaria: «Y sí, tiende un poco a hacerle más aliviada la tarea a la parte patronal. Ese es el propósito de la ley, en principio. Lo que no sé es si se logra nada más que con estas dos o tres reformas».
Sobre la exigencia de depósitos previos para apelar, el exmagistrado advirtió: «Inmediatamente, el abogado del trabajador va a pedir un embargo millonario para asegurar el cobro por parte de su cliente, del trabajador. Entonces, una reforma que se hace con el propósito de favorecer al empleador, a lo mejor termina más perjudicándolo que otra cosa».
Finalmente, al abordar el problema de la excesiva duración de los procesos judiciales en el territorio provincial, Salduna remarcó la importancia de acotar los plazos y potenciar los fallos iniciales: «Lo ideal sería que tuviéramos juicios de máximo seis meses de duración. Y, dentro de lo posible, terminar el juicio con el fallo de primera instancia. Es decir, que no se sigan con las apelaciones así de tipo eternas».
