De esa forma, el funcionario rechazó los términos de la denuncia presentada por el senador Raymundo Kisser y el abogado Rubén Pagliotto por supuestas irregularidades en el proceso administrativo de selección de las empresas China National Technical Import & Export Corporation y Yutong SA, de capitales chinos, para la ejecución de las obras de desarrollo gasífero y eléctrico del noroeste entrerriano. El fiscal de Estado explicó que “está sustanciándose un procedimiento de una iniciativa privada con una licitación pública en marcha para realizar dos obras en el norte entrerriano: el cierre eléctrico y un gasoducto” y aclaró que a raíz de las observaciones planteadas por la Contaduría General de la Provincia, “el procedimiento de licitación está suspendido” y “todas están siendo subsanadas, porque frente a las observaciones de la Contaduría General hay dos posibilidades: insistir en la versión original con un decreto de insistencia en acuerdo de ministros o subsanar las irregularidades observadas. Estamos en la segunda alternativa”, aunque advirtió que “algunas son atendibles y otras son discutibles”.
El funcionario resaltó que “en este caso, los organismos de control están funcionando, porque toda esta discusión se genera a partir de la intervención de la Contaduría General”.
Asimismo, insistió en que “ninguna de las observaciones que hace la Contaduría General constituye un delito y menos cuando hay un proceso de licitación que está suspendido, precisamente, por las observaciones que hace la Contaduría” y agregó: “Acá se acude al Ministerio Público Fiscal como si fuese un órgano de control más y los órganos de control son la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado, porque estamos ante cuestiones administrativas, no penales”.
Por último, hizo un análisis político de la denuncia al señalar que “el norte entrerriano sigue siendo una de las zonas más pobres del país, si se advierten los índices de desarrollo humano y de pobreza, es una zona excluida” y consideró que la judicialización “genera problemas, porque cada vez que viene una empresa, en este caso china, se presenta una denuncia penal y la Provincia pierde seriedad y financiamiento, porque se torna imposible que empresas estatales chinas se vuelvan a presentar para realizar estas obras".
"Es una lástima porque se nos van perdiendo las oportunidades de hacer las obras, ponerlas en funcionamiento y desarrollar con más intensidad la economía de la provincia”, concluyó.
