El proceso de licitación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, residuos verdes, chatarra y puntos limpios de Villa Elisa volvió a quedar en el centro del debate.   En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante realizada en la noche del lunes, el bloque vecinalista Unidos por Villa Elisa logró aprobar por seis votos contra cinco la resolución Nº 1024, mediante la cual solicita información y documentación relacionada con la licitación pública Nº 001/2026.   El pedido apunta a conocer en detalle cómo se desarrolló el procedimiento mediante el cual la municipalidad adjudicó el servicio que comenzó a ser prestado por una nueva empresa desde el 1º de agosto.   El planteo opositor se produce, además, después de que el empresario Rubén Darío Carruega, titular de la firma Transporte Carruega y anterior prestador del servicio, difundiera un escrito en el que cuestionó distintos aspectos de la licitación y sostuvo que habría existido un direccionamiento en favor de su competidor y nuevo adjudicatario.   El planteo de la oposición     La resolución solicita al Departamento Ejecutivo Municipal una copia completa, foliada y certificada del expediente administrativo correspondiente a la licitación pública Nº 001/26, convocada mediante el decreto Nº 274/26.   Entre la documentación requerida, se encuentran el decreto de llamado a licitación, el pliego de bases y condiciones generales y particulares, las constancias de publicación del llamado en el Boletín Oficial y medios gráficos y/o digitales, las ofertas completas presentadas por las dos empresas participantes, sus respectivos sobres, el acta de apertura y el decreto o resolución de adjudicación con sus fundamentos.   También se pide el contrato suscripto con la empresa adjudicataria y toda nota, impugnación, reclamo o pedido de aclaración que haya sido presentado por los oferentes durante el proceso.   Además de esa documentación, la oposición solicita que el Ejecutivo informe por escrito cuáles fueron los motivos técnicos y económicos por los que se desestimó la oferta de la empresa que no resultó adjudicataria, cuál es el monto mensual y total del contrato y cuál es su plazo de vigencia.   Finalmente, se pretende conocer si hasta la fecha se recibió alguna denuncia administrativa o judicial relacionada con el proceso licitatorio.   El oficialismo defendió el proceso     Durante el tratamiento del pedido, el concejal oficialista Daniel Cáceres (Juntos por Villa Elisa) cuestionó la necesidad del requerimiento y defendió el procedimiento llevado adelante por el Estado municipal.   “Es la tercera vez que se licita el servicio de recolección de residuos a la municipalidad. Como todo proceso licitatorio, se cumple con toda la normativa de las ordenanzas municipales y la legislación provincial que así lo exige”, sostuvo.   Cáceres recordó además que la nueva empresa comenzó a prestar el servicio el 1º de agosto y afirmó que la documentación correspondiente al proceso ya se encuentra concretada.   En ese marco, manifestó su confianza en los trabajadores municipales que intervinieron en el procedimiento. “Confío plenamente en el personal, que son de carrera, para que el proceso licitatorio se haga en la forma correcta”, se indicó durante su intervención.   El edil también puso el foco en el costo que implicaría entregar copias de la documentación solicitada y consideró que los concejales podrían consultar directamente el expediente. “Pedir copia genera costo y tiempo”, señaló, para luego plantear que podían concurrir al Área de Compras y revisar allí la documentación.   “Las cosas que son públicas deben ser públicas”     A su turno, la concejal Silvina Medina, de la bancada vecinalista, retrucó los argumentos planteados por el oficialismo y puso el foco en la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información pública.   “Mi preocupación se basa en la falta de transparencia, no es que solamente nosotros queremos saberlo, sino que la ciudadanía tiene derecho a saber”, planteó Medina.   En ese sentido, cuestionó que la información sobre los procesos licitatorios no se encuentre actualizada en la página web de la municipalidad, particularmente dentro del apartado denominado “Transparencia”. Según señaló, las últimas licitaciones públicas que aparecen publicadas corresponden al año 2025, mientras que en el apartado de “Licitaciones privadas” no figura ninguna correspondiente a este año.   “¿Cómo se entera la gente?”, preguntó durante su intervención.   Para la edil, la falta de información clara y accesible puede generar interpretaciones equivocadas entre los vecinos. “Al no tener una información clara la gente termina deduciendo cosas que no son”, sostuvo.   Medina también marcó una diferencia respecto de lo expresado por el concejal Cáceres en relación con la confianza en quienes participaron del procedimiento. “Confío también en el personal, pero no hay confianza en los funcionarios”, afirmó.   Y sintetizó su planteo con una definición: “Las cosas que son públicas deben ser públicas”.   Exprestador del servicio de recolección plantea presuntas irregularidades en la licitación de Villa Elisa     El antecedente que encendió el reclamo     Medina también respondió al planteo de Cáceres respecto de que este sería el único proceso licitatorio por el cual la oposición solicita información. En tal sentido, explicó que el pedido surge, según sostuvo, a partir de inquietudes transmitidas por vecinos y, particularmente, de los cuestionamientos formulados por el anterior prestador del servicio.   “Cuando los vecinos ven una dificultad recurren a nosotros y, como marca el anterior prestador del servicio, hay varias irregularidades en la licitación, por eso el pedido de informes”, arguyó.   El antecedente al que hizo referencia es el escrito difundido a comienzos de agosto por Rubén Darío Carruega, titular de Transporte Carruega, empresa que prestó el servicio hasta el último día de julio. Según expuso entonces, la adjudicación habría priorizado una diferencia administrativa del 3 por ciento por sobre una diferencia que, de acuerdo con su versión, superaba el doble en materia de equipamiento y capacidad operativa instalada.   El empresario también afirmó haber advertido una “actuación irregular por parte de los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento licitatorio” y sostuvo que, durante una reunión solicitada formalmente, funcionarios municipales le habrían reconocido reuniones informales con el otro oferente antes de la elaboración del pliego y del llamado.   Carruega aseguró que esos encuentros habrían derivado en modificaciones al pliego, entre ellas cambios en el sistema de prestación, una reducción de exigencias de equipamiento y documentación, la posibilidad de depositar residuos voluminosos en el corralón municipal para su clasificación y la incorporación de tareas como el barrido y la recolección de hojas sueltas en la vía pública.   También cuestionó la redacción del pliego y advirtió sobre la posibilidad de futuras modificaciones que, a su entender, podrían derivar en ampliaciones presupuestarias y afectar el costo del servicio.   En el cierre de su presentación, Carruega calificó los antecedentes que expuso como “un conjunto de indicios serios y concordantes” y sostuvo que, a su entender, permitirían inferir “una presunta relación de colaboración tácita entre funcionarios municipales y la empresa privada beneficiada”.   El empresario sostuvo que esa situación habría comprometido, según su planteo, “los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad que deben regir toda contratación pública”.   Cabe remarcar que se trata de cuestionamientos y afirmaciones formuladas públicamente por el exprestador, mientras que el pedido de informes aprobado por el Concejo busca precisamente acceder a la documentación oficial del proceso y conocer los fundamentos administrativos de las decisiones adoptadas.   El compromiso de actualizar las publicaciones     Durante el debate también intervino la concejal oficialista Nerina Gerard, que a partir del planteo formulado en torno a la falta de información disponible en la página municipal, consultó a la Secretarúa de Gobierno sobre la ausencia de publicaciones.   Según transmitió la edil al cuerpo, la funcionaria respondió que “en breve regularizarán las tareas administrativas y las publicaciones”.   Así, el debate por la licitación del servicio de recolección de residuos no quedó circunscripto a la legalidad o los fundamentos de la adjudicación. La discusión también puso sobre la mesa el acceso de los vecinos a la información pública y la necesidad de mantener actualizados los mecanismos de transparencia institucional.   Ahora, con la aprobación de la resolución Nº 1024, el Ejecutivo deberá responder al requerimiento y aportar la documentación e información solicitada por el Concejo Deliberante.