En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que el organismo “tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas a lo largo y ancho del país”.
Luego, se emitió un comunicado en el cual el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona explicó que las funciones que cumplía el INADI serán canalizadas a través de la cartera que él conduce. En tantos “el personal idóneo que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al ministerio”.
Debido a que el instituto fue creado por ley y conforme a convenciones internacionales, “su supresión se hará de manera de la manera que corresponda, de acuerdo a la legislación vigente”.
“Hemos visto publicada hace dos días la designación de la Dra. (María de los Ángeles) Quiroga como interventora. Si el gobierno decidió su cierre, por qué designaría a una persona por 180 días”. “Más allá de la fuente laboral, la gran preocupación pasa por la agenda pública en derechos humanos. A través del INADI se ha acompañado leyes como la de matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo y el último decreto no binarie. También resoluciones para que algunas personas accedan a gozar de sus verdaderos derechos, ya que para la ley discriminación es que a una persona se le impida gozar de sus derechos reconocidos”.
“Que el vocero presidencial diga ‘no sirve para nada’, ¿quiere decir que quienes van a hacer una denuncia o consulta tampoco sirven para nada por su condición física, sexual, etc.? Por lo que dice, consideramos que para él hay vidas que valen y otras que no”.
“Es importante que demos a conocer cuál es la gravedad de que desaparezca un Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Somos modelo a nivel latinoamericano y mundial por las leyes que hemos logrado”.
En Entre Ríos, la delegación Paraná está compuesta por seis empleados, menciona el coordinador.
“Somos pocos para el trabajo que llevamos adelante en toda la provincia y estamos en un edificio (hoy de Capital Humano) que nos cedió un lugar. La caja que manejamos apenas nos ha servido para comprar hojas, ni siquiera para viajar a otros lugares de la provincia, siempre lo hicimos con dinero de nuestros bolsillos”, dice en respuesta a posibles cuestionamientos.
En la misma línea, agrega: “También se ha dicho que es un lugar de militancia. No lo niego; nosotros somos militantes de los derechos humanos, por eso más allá del horario en que nos corresponde como empleados públicos seguimos trabajando”.
“Sabemos lo que cuesta ganar un derecho y perderlo puede ser en un segundo con un decreto”, concluye Ríos.
