Decisión unánime
Excepto Claudia Mizawak, que se recusó por haber sido abogada del ex mandatario, los demás vocales decidieron no hacerle lugar a la petición. El presidente de la Cámara de Diputados había acudido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) con la figura del “anoticiamiento” para denunciar al magistrado. Urribarri sostuvo que las resoluciones de Ruhl le habían generado una “pérdida de confianza en el sistema de justicia” y, por eso, pidió que se le aplique un “correctivo” o sanción disciplinaria.
Los vocales Emilio Castrillón, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Ramón Smaldone, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia entendieron que la vía utilizada por Urribarri no es la correcta. No es el alto cuerpo al que se debe acudir por estas cuestiones, sino al Jurado de Enjuiciamiento. Ese sería el ámbito. De hecho, el abogado del ex gobernador, Raúl Barrandeguy ya había deslizado la posibilidad de denunciar al juez en el Jury.
“La pérdida de confianza” de Urribarri, Báez y el resto
Con esos argumentos, contó Federico Malvasio en el sitio “Página Judicial”, también se había solicitado que se recuse al juez de la causa. Para Barrandeguy hubo dos resoluciones que generaron esa “pérdida de confianza” al ex gobernador: el embargo preventivo sobre sus bienes por 26 millones de pesos y el rechazo a la excepción por falta de acción invocada por sus defensores bajo el argumento de que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para investigar los actos de gobierno porque han sido aprobados por los organismos de control. Este argumento se repite en todas las causas que tienen imputado al presidente de la Cámara de Diputados.A la embestida contra Ruhl se sumaron los demás actores de la causa. El abogado de Pedro Báez, Ignacio Díaz; y Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, que representan al resto de los imputados. Todos recusaron al magistrado, pero no tuvieron suerte. El juez seguirá en la caus. Así lo resolvieron los jueces Daniel Malatesta, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel. Consideraron que no había razones para apartar al juez de garantías, del mismo modo que lo había hecho un tribunal unipersonal y un tribunal de casación.
En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, adelantaron que solicitarán para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos.
La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera; Alejandro Almada, cuñado de Aguilera; Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; el empresario Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.
En tanto, el empresario Jesús José María Bustamante admitió su culpabilidad en un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.
En otra causa, en la que se investiga también supuestas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial, Barrandeguy adelantó que su defendido no se amparará en los fueros. La diferencia es que se trata de una indagatoria, no un juicio oral y público.
