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Dispuso el beneficio para que la empresa finlandesa termine de concretar el anuncio de su instalación. Se trata de un área ubicada en la localidad de Pueblo Centenario. Esta habilitación le permitirá explotar la producción y venta de pulpa de celulosa y papel. La autorización también la habilita a almacenar y comercializar materia prima y otros insumos. La zona franca comprenderá un predio de 350 hectáreas y se ubicará en la zona suburbana del pueblo, a 64 kilómetros de la cabecera departamental.

El proyecto de la empresa finlandesa es el siguiente: desde la planta instalada en la que ahora es zona franca, trasladar la producción de celulosa a la localidad vecina de Paso de los Toros (departamento de Tacuarembó), desde donde la enviará al puerto de Montevideo a través del ferrocarril central.
Polémica por la zona franca
Se trata de un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una regulación distinta.

“Además de ser algo inconstitucional, regalaron nuestra ciudadanía. UPM no deja nada en el Uruguay. Trabajan y no se les cobra impuestos; es más, el pueblo uruguayo le va a pagar la vía rápida que necesitan y que va directo al puerto de Montevideo. No se habla de ganancias para el Uruguay, sí de pérdidas, razón por la cual además de estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional se suma lo de UPM”, señalaron César González y Gustavo Prandi, dos uruguayos que hace pocos días asistieron un curso de agroecología que se llevó a cabo en Gualeguaychú.
UPM 2
La nueva planta que construirán los finlandeses estará ubicada a orillas del río Negro, que desemboca en el Uruguay. El proyecto ya cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay, por lo que en breve comenzará a ejecutarse la fase de expropiación de viviendas en parte del tramo de las vías férreas.

La empresa pretende invertir en el proyecto US$ 62.350.000, que se dividen en las obras de infraestructura básica y la conexión eléctrica e intercambiador vial. Los finlandeses dispondrán de 30 años para la explotación de la zona franca.

Según la resolución del Poder Ejecutivo, el plazo entrará en vigencia a partir de la finalización de la construcción de la planta de celulosa “constatada por la Asesoría Técnica del Área Zonas Francas”. Sin embargo, si bien la empresa deberá pagar un canon al Estado, el acuerdo se puede romper, siempre que el Poder Ejecutivo detecte que se incumple alguna de las condiciones ya firmadas.

A partir de ahora y hasta que comiencen efectivamente las operaciones de su eventual segunda planta en territorio uruguayo, UPM deberá pagar un canon anual de US$ 1.050.000; cuando empiece a operar y produzca hasta dos millones de toneladas el pago será de US$ 2,1 millones y a partir de que produzca más de dos millones de toneladas será de US$ 3,5 millones.

La planta tendrá una capacidad de producción de dos millones de toneladas anuales y será más grande que las dos existentes en Uruguay. En caso de construirse, demandará al menos dos años de obras.
Fuente: El País y El Día

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