Además de la destrucción del estupefaciente, se dispuso el decomiso del dinero secuestrado y el pago de una multa. Respecto del celular, el fiscal solicitó que en lugar de procederse a su destrucción se lo destine a la provisión del Sistema de Botón Antipánico.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso El Entre Ríos, la investigación se inició con un estado de sospecha comunicado por el personal de la Delegacía de Tóxicos de la Jefatura Departamental de Policía Colón a fines del año pasado, dando cuenta de que en una finca de calle Las Piedras de esa ciudad, Leonardo Rubén Ferrari ejercería el comercio de estupefacientes en dosis fraccionadas.
En función de ello, se dispuso la apertura de una causa y, a medida que fue avanzando la investigación, se incorporaron distintos informes con fotografías y videos que documentaban la actividad del imputado, producto de tareas de vigilancia montada en inmediaciones al domicilio.
El 20 de febrero de 2020, el fiscal Alejandro Perroud solicitó el allanamiento, autorizado en la misma fecha por la jueza de Garantías. Alrededor de las 21 -al momento de irrumpir personal policial y antes de ser reducido-, el imputado arrojó al inodoro una importante cantidad de dinero y un envoltorio de color negro de plástico, que contenía 8 de las denominadas "bochitas" de cocaína, en un total de 41,6 gramos. En el bolsillo también tenía dinero y dos envoltorios de nylon con 3,3 gramos de cocaína, además de su celular, que se le secuestró. El dinero pudo ser rescatado inmediatamente, en tanto los envoltorios de cocaína se recuperaron una vez que se removió el inodoro, en presencia del fiscal y testigos civiles. La totalidad del dinero secuestrado y decomisado fue de $35.655.
Desde entonces, Ferrari permanecía alojado en la sede de Jefatura Departamental con prisión preventiva por el término de 30 días, la que debió prorrogarse debido a la pandemia de Covid-19.
El imputado no tenía antecedentes penales. En la audiencia, reconoció ser autor del delito de comercialización de estupefacientes y aceptó la imposición de la pena que comenzó a cumplir este miércoles en la Unidad Penal Nº 9 de colonia El Potrero, ubicada cerca de Gualeguaychú.
Además del imputado, estuvieron presentes en la sala de audiencias el fiscal Perroud y su defensor, Jorge Cacella. En tanto, la jueza Natalia Céspedes participó vía teleconferencia por pertenecer al grupo de riesgo.
