Entre Ríos oficializó su adhesión a la ley nacional Nº 27.671 y estableció la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la denominada “Cuestión de las Islas Malvinas” para todas las personas que se desempeñan en la función pública provincial.
La disposición comprende a los tres poderes del Estado, sin distinción de niveles ni jerarquías, y quedó formalizada mediante la ley Nº 11.331, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Esta norma fue sancionada por la Legislatura el 29 de octubre y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre. Su primer artículo establece expresamente: “Adhiérase a la Ley Nacional Nº 27.671, estableciéndose la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Entre Ríos”.
De esta manera, la obligación no queda restringida a ministros, legisladores, funcionarios políticos o autoridades superiores, sino que comprende al conjunto de las personas que trabajan en la administración pública, incluidos los distintos escalafones y categorías.
Cómo se implementará la capacitación
La ley establece que será el Poder Ejecutivo el encargado de designar la autoridad de aplicación, es decir, el organismo responsable de llevar adelante y coordinar el cumplimiento de la capacitación.
El artículo 3º dispone: “El Poder Ejecutivo provincial designará la autoridad de aplicación de la presente ley”.
Por el momento, el texto publicado no identifica qué organismo tendrá esa responsabilidad ni establece un cronograma, una modalidad de cursado o plazos específicos para completar las capacitaciones. Esos aspectos deberán definirse en la instancia de implementación.
En materia presupuestaria, el artículo 2º autoriza a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con la normativa, aunque establece una condición: no deberán crearse nuevas estructuras administrativas ni contratarse nuevos trabajadores para ese fin.
Textualmente, dispone: “Autorízase a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley, sin que implique la creación de nuevas estructuras administrativas ni la contratación de nuevo personal”.
Qué establece la ley nacional sobre Malvinas
La ley nacional Nº 27.671 fue sancionada por el Congreso el 15 de junio de 2022 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de julio de ese año. Su alcance original comprende a todas las personas que trabajan en la función pública nacional, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, invitaba expresamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones. La ley entrerriana Nº 11.331 responde a esa convocatoria y extiende la obligación al ámbito de la administración provincial.
La normativa nacional también establece cuáles son los contenidos mínimos que deben contemplar las capacitaciones. Entre ellos figuran los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos vinculados con los derechos de soberanía que sostiene la Argentina, además de la legislación nacional e internacional vigente.
El objetivo es que la formación no se limite a una referencia histórica de la guerra de 1982, sino que permita abordar integralmente la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La ley nacional establece, asimismo, que los lineamientos de formación deben contemplar tanto la sensibilización como la transmisión de conocimientos, con participación de instituciones académicas y científicas especializadas, organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
Antecedentes en otras provincias
La adhesión entrerriana se incorpora a un proceso que ya habían iniciado otras jurisdicciones del país. Santa Fe, por ejemplo, adhirió a mediante la ley provincial Nº 14.255, sancionada en marzo y promulgada en abril de 2024. Su legislación también estableció la capacitación obligatoria, periódica y permanente para los trabajadores de los tres poderes del Estado.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur había avanzado anteriormente con la ley provincial Nº 1.522, sancionada en diciembre de 2023. En ese caso, la normativa amplió los contenidos de formación e incorporó también cuestiones vinculadas con la Antártida y la geopolítica del Atlántico Sur.
Un antecedente nacional permite dimensionar el avance de estas adhesiones. En un informe presentado ante el Congreso durante 2025, el Poder Ejecutivo Nacional informó que doce provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya habían adherido a la ley Nº 27.671, mientras que Entre Ríos figuraba entre las cinco jurisdicciones que todavía no lo habían hecho. La provincia acaba de modificar esa situación con la sanción de la nueva ley.
Con la promulgación de la ley Nº 11.331, Entre Ríos incorpora formalmente esta obligación a su marco normativo. El próximo paso será la designación de la autoridad de aplicación y la definición de los mecanismos mediante los cuales se instrumentará la capacitación en los distintos ámbitos del Estado provincial.
