Se trata de una norma que prevé como autoridad de aplicación a la cartera sanitaria nacional, pero que a través de sus distintos capítulos logra unificar el trabajo intersectorial compartiendo pautas de gestión transversal a organismos como Educación, Desarrollo Social, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre otros. En ese sentido, en la propia ley se establece que los cambios se dan por fases, distinguiéndose incluso cuando se trata de pequeñas y medianas empresas (pymes), cerrándose el ciclo de adecuación general en noviembre de 2023, al cumplirse los 24 meses de la entrada en vigencia. A nivel nacional solicitaron la prórroga respectiva ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) unas 240 empresas que abarcan unos 11.000 alimentos.
A través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega) se ponen a disposición las herramientas que permiten instrumentar esta ley: el calculador de nutrientes críticos, la declaración jurada de los valores de los alimentos, el gestor de prórrogas según rubro al que se pertenezca y el buscador que permite consultar en línea la información declarada y de carácter público del perfil de nutrientes de los alimentos. En función de la instrumentación fehaciente de esta normativa a nivel provincial, desde la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del Ministerio de Salud se concretarán encuentros tanto con legisladores como con referentes de la mesa intersectorial -que actualmente articula en materia de obesidad infantil- conformada por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), el Consejo General de Educación (CGE), la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, el Colegio de Nutricionistas (Conuer), Defensa al Consumidor, municipios y organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil en Niñas, Niños y Adolescentes.