Prorrogable por el tiempo que dure la pandemia de Covid-19, la norma establecería la eximición “del pago del Impuesto sobre los Automotores correspondientes a los anticipos 1 y 2 del 2021”, “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los meses de enero a julio del año 2021” y “del pago de Tasa por Servicio de Información, Inspección y Control al Transporte por los meses de enero a julio del año 2021”.
En efecto, el proyecto presentado por el legislador Gustavo Zavallo (Frente Justicialista Creer Entre Ríos) contempla los servicios “puerta a puerta”, transportistas escolares de jurisdicción municipal y a los transportistas escolares rurales “que sean declaradas en situación crítica”.
Además, mientras dure la emergencia “no se promoverá ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del transporte” y también “aquellos beneficiarios que hayan abonado algunos de los tributos condonados o eximidos en la presente ley, se les reconocerá como crédito fiscal en futuros períodos”.
Estos beneficios “quedan condicionados a que el beneficiario no genere despidos del personal dependiente en la actividad económica, declarada crítica, durante el período de vigencia de la emergencia. Caso contrario, caducarán en forma inmediata”, queda planteado.
La defensa de Zavallo
Durante la sesión, el autor del proyecto recordó que el transporte público de pasajeros “se vio interrumpido en casi todas sus modalidades y prestaciones” durante la pandemia.“Los emprendimientos que brindan servicios escolares (urbanos o rurales), o en su caso servicios de puerta-puerta; en su mayoría se conforman en base a estructuras de micro-empresas familiares o unipersonales que no tienen acceso a los subsidios del transporte de pasajeros y constituyen precisamente la parte de la actividad que ha sufrido las peores consecuencias”.
Haciendo números, “en el universo de estos emprendedores afectados podemos detallar a 71 transportistas escolares urbanos radicados regularmente en distintos municipios de la provincia”, precisó el diputado provincial, en base a un relevamiento elaborado por la Secretaría de Trabajo.
En ese marco, “se propone el presente proyecto apuntando justamente a la parte de sector más vulnerable. Propiciando la posibilidad que puedan recuperarse de manera efectiva en el año 2021, sin exigencias o trabas tributarias que impliquen condicionantes, reconociendo exenciones por el mismo periodo en que estuvieron imposibilitados en desarrollar la actividad; sirviendo a su vez como una reivindicación por el hecho de encontrarse registrados y habilitados para el cumplimiento de los servicios comprometidos”, concluyó Zavallo.
