La causa tuvo su origen el 12 de julio de 2022 en el Puesto Caminero Paso Cerrito de la Policía de Entre Ríos, cuando agentes policiales detuvieron la marcha de un vehículo. Según se acreditó en el expediente, los uniformados requirieron la documentación reglamentaria a su conductor y éste exhibió una cédula de identificación de vehículo que se encontraba asociada a otro dominio y presentaba signos característicos de falsificación.
Frente a este escenario, el conductor fue trasladado a la sede policial y luego fue liberado, quedando imputado y a disposición del Juzgado Federal de Concordia. En este marco, se realizó una primera propuesta de reparación integral del daño, que resultó rechazada por considerarse que se trataba de una suma irrisoria frente a los gastos que significaba el proceso mismo. Una nueva propuesta, esta vez con el ofrecimiento de una suma de 70 mil pesos pagaderos en dos cuotas, que por requerimiento del Ministerio Público Fiscal será destinada al cuartel de Bomberos Voluntarios.
La Fiscalía destacó que, mediante la utilización de nuevos mecanismos previstos en la Ley Procesal Penal, se logró desarticular un conflicto con una “solución alternativa”, que permitió agilizar el proceso -con beneficios para la administración de justicia y el propio imputado, en términos de celeridad- y ponerle fin con el aporte de recursos a una institución de bien público.
De esta manera, el juzgado coincidió con el pedido de la titular de la Fiscalía Federal de Concordia, María Josefina Minatta, que dictaminó a favor de una propuesta de reparación integral del perjuicio.
