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El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, transfirió las funciones de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio. Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 1118/2018, publicado este martes en el boletín oficial.

El cambio de manos llega como parte de la reducción de ministerios resuelta en septiembre, en el marco del plan de ajuste del gasto público. Más allá de la modificación del organigrama, lo que genera más dudas es si la Acumar tendrá los recursos suficientes para cumplir la tarea de sanear el Riachuelo.

A 10 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Poder Ejecutivo y a las distintas jurisdicciones involucradas a resolver la contaminación de la cuenca, no hubo avances significativos en el saneamiento. A esa conclusión llegó el juez Ricardo Lorenzetti, de acuerdo a un informe que presentó en una audiencia pública de marzo pasado. Según indicó el texto de la normativa, cualquier adjudicación de recursos tendrá que pasar por firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña. "El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto", advierte el decreto.

Hasta este martes, el organismo dependía de la Secretaría de Ambiente, uno de los ministerios que perdió jerarquía. Como señal política, el gobierno resolvió que la Acumar vuelva a depender de un ministerio.

Intervenir en el saneamiento de la cuenca es una tarea compleja. En primer lugar, la cuestión ambiental es monitoreada por Acumar y los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez.
Un desafío sanitario y político
La Acumar tiene injerencia en la coordinación de las obras de red de agua potable y saneamiento cloacal, y planificar las soluciones habitacionales para los que viven a la vera del Riachuelo.

La obra más importante es la que incluye el Colector Margen Izquierda, junto con la planta de tratamiento de líquidos cloacales sudoeste y el emisario subfluvial que tendrá una longitud de 12 kilómetros, que construye y operará AySA. El proyecto fue financiado por el Banco Mundial con un crédito de mil millones de dólares.

Estas obras dejaron expuesto un drama ya no solo ambiental, sino sanitario. De una muestra tomada a 962 niños menores de 6 años de la Villa 21-24, ubicada en el barrio porteño de Barracas, el 25% tiene plomo en sangre.

A ello hay que sumarle la propia estructura de la Acumar, que no solo está conformada por Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, sino que por otros 14 municipios, la mayoría de ellos peronistas. También está AySA, empresa estatal que depende de Frigerio.
Fuente: Infobae

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