El proceso se iniciará este viernes, con la presentación formal del planteo ante la Cámara de Diputados y la convocatoria a sesiones extraordinarias. Lo previsto es que haya sesión el día 23 de enero mientras que para el jueves 26 se estaría citando a la comisión que preside la diputada entrerriana.
La postura de la oposición, bloqueando el debate del tema en el Congreso de la Nación, hizo indispensable ratificar esa mayoría en comisión de 16 voluntades del Frente de Todos. Solo así se puede llevar adelante la investigación, reunir la prueba, citar a los testigos, elaborar un dictamen. Para fines de marzo estaría el dictamen listo. De no mediar novedades, concluiría allí mismo el proceso porque sin los legisladores de Juntos por el Cambio no están los dos tercios para aprobar el avance del juicio y su giro a la Cámara de Senadores que debe juzgar la conducta de los jueces del alto tribunal.
Reglamento
“Estamos entusiasmados de trabajar en esto. Entendemos que es una oportunidad para todos quienes están comprometidos con las instituciones”, dijo Gaillard y se ocupó en precisar el rol de la comisión a su cargo: “Es mucho el trabajo que tenemos por delante. Tenemos que formular la acusación, ser fiscales a partir de la denuncia, reunir toda la prueba, convocar a los testigos, notificar a los acusados, escucharlos en su defensa y dictaminar la procedencia o no de la acusación”.Descartó que prospere una idea de recusación a su figura como presidenta de la comisión, por considerarla imparcial en el proceso, planteada por el diputado Rodrigo De Loredo. Al momento, no hay presentación formal en ese sentido pero además la legisladora citó jurisprudencia al respecto. Se distingue el juicio político que es ajeno a las reglas del proceso penal, más aun si se atiende al rol de los diputados que tienen a su cargo la acusación. “No somos jueces. El Senado es el que actúa como juez. Nosotros somos fiscales y con la denuncia presentada vamos a evaluar si corresponde o no la acusación”, insistió. Precisó que la tarea de la comisión requerirá eventualmente la intervención de la Justicia para, por caso, solicitar allanamientos, secuestros de elementos de prueba y cualquier otro tipo de medidas, ajenas a lo que refiere a citar a los testigos que están obligados a concurrir, convocar a los acusados, reunir prueba documental. Todo para que hacia fines de marzo se produzca el dictamen.
La finalidad del proceso
Aun cuando se sabe de antemano que no estarían los dos tercios para que el trámite concluya con una sentencia, Gaillard puso en valor el proceso en curso en función de la vitalidad institucional.El pedido de juicio político a los magistrados fue dado a conocer por el presidente Alberto Fernández en la mañana del 1 de enero, tras la divulgación de una nueva serie de chats de Marcelo D’Alessando, funcionario porteño en uso de licencia. Esta vez, la conversación es con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que asesora al dirigente de la oposición respecto de asuntos de relevancia institucional como la integración del Consejo de la Magistratura.
La denuncia, que repasa una serie de hechos que serían contrarios a derecho por parte de los ministros de la Corte, tiene la firma además de once gobernadores, lista de la que decidió excluirse Gustavo Bordet.
“Tengo la expectativa de que podamos dilucidar algunas cuestiones irregulares en el más alto tribunal. Echar luz en un poder con mucha oscuridad, que se ha arrogado facultades del Ejecutivo, del Poder Legislativo. Vamos a funcionar para que se ejerza el control entre los distintos poderes porque ha habido conductas violatorias de la Constitución”, dijo y repasó “además de los chats” que exponen la connivencia de la Justicia con el poder político; el fallo de la coparticipación que benefició a Buenos Aires; la actuación de Rosatti respecto de la integración del Consejo de la Magistratura; la asunción por decreto de dos ministros de la Corte durante el gobierno de Mauricio Macri (Carlos Rosenkrantz y Rosatti); la intervención de Rosenkrantz en causas que beneficiaban a exclientes de su estudio particular; las expresiones de Rosatti condicionando reformas a la Justicia que pudiera propiciar el Congreso, entre otros argumentos expuestos en la denuncia.
“Necesitamos un Poder Judicial independiente y estamos defendiendo a la Corte Suprema como institución, una corte respetable como la que tuvimos con jueces como Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni”, argumentó.
“Para nosotros es muy importante que la sociedad sea parte de este proceso. Esto no será un trámite entre las cuatro paredes del Congreso”, dijo y anunció que “esto será un debate público, que la gente pueda saber, que esté al tanto de la prueba producida, en un proceso que será público, transparente, ajustado a la norma que establece la Constitución y los reglamentos y con la sociedad siendo parte”.
“La sociedad siente que hay un poder judicial que le da la espalda, que no da respuestas, que no da a publicidad las declaraciones juradas, que no paga ganancias. Acá hay un debate en torno a un poder que goza de muchos privilegios, que ha tenido impunidad”, resumió.
Bloqueo
La oposición anunció que no habilitará el quórum de temas propuestos por el Frente de Todos hasta tanto siga “este atropello a los miembros de la Corte”.Gaillard consideró “muy irresponsable” la decisión de la oposición de “bloquear el funcionamiento de las instituciones impidiendo dar los debates en el Congreso”. “Hay leyes importantísimas que hoy están trabadas. Se oponen a sesionar, no dan quorum para tratar temas fundamentales como la moratoria previsional o la creación de universidades entre las que figura la Facultad de Humanidades de Uader”, cuestionó.
Valoró que hayan decidido participar del debate en comisión de Juicio Político. “Es bueno. Tienen una responsabilidad institucional que cumplir. No pueden hacerse los distraídos ante la gravedad institucional que tienen los temas en debate”, aseveró.
