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El procurador García habló de todo.
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El Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, analizó las críticas que se hacen hacia la Justicia Federal, en especial a Comodoro Py y negó que tengan un correlato en la justicia provincial. Habló, además, del estado de la causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura, pronta a ser elevada a juicio oral; así como del jury en su contra que fue desestimado a mediados de junio, entre otros temas.
Lo conflictivo, según García
Afirmó, consultado sobre si es posible sostener en el tiempo causas desde una simple arbitrariedad de carácter político, que: “No, las denuncias que no tienen fundamento se caen solas. El problema es que si uno mete el tiempo político, la moral de la política actual o el tiempo periodístico en el ámbito de lo tribunalicio es un estropicio, es lo conflictivo”.

“La Justicia Penal Federal tiene un sistema que teníamos nosotros antes, que encorseta en la ciudad de Buenos Aires los principales asuntos económicos y políticos del país”, explicó y amplió diciendo que “y en cabeza de estos jueces federales y Cámaras están el 90 por ciento de la importancia de los casos y los que resuenan”.

Precisó que “allí figuras como la de Oyarbide, o muchos actuales también dan esa pauta que están actuando de acuerdo al poder de tuno y en connivencia con este estado paralelo que hemos visto de los servicios de inteligencia y los espionajes. Y esa figura es totalmente diversa al resto del Poder Judicial del país, en donde la gente trabaja todos los días y trata de hacer lo mejor posible, donde en Entre Ríos, por ejemplo, no tenemos una justicia que sea connivente con el poder de turno”, subrayó.
Urribarri, a punto de ser enjuiciado
Respondió, también, sobre si existe en el Poder Judicial entrerriano el tiempismo del que se acusa al nacional. “Y no; en este momento está siendo enjuiciado una persona que es actualmente el presidente de la Cámara de Diputados (por Sergio Urribarri) y que fue gobernador durante dos períodos anteriores”, remarcó a modo de ejemplo al tiempo que admitió que “sí ocurre, que es natural, que en los procesos penales cuando las causas son importantes las defensas hacen su tarea, y además recopilar la prueba documental, que es muy difícil obtener y que muchas veces se obtiene por la pelea de las internas de los partidos políticos”.

“Nosotros tenemos que hacer filtro de la cantidad de información que nos llega y corroborar la veracidad”, aclaró y en ese sentido valoró: “Nunca hemos llevado a nadie a juicio que no fuera condenado en estos casos graves; lo que se lleva es lo que se condena”.
“Lo de Santa Elena, en términos morales, es espantoso”
El Procurador también fue consultado sobre su análisis respecto del triunfo de Domingo Daniel Rossi como intendente de Santa Elena: “Esa situación extrema las condiciones de hipocresía social, de anomia que tenemos en general. Esto no justifica por supuesto el rol diferenciado de los dirigentes, pero los dirigentes salen de algún lado”, analizó.

“Lo de Santa Elena uno tiene que respetarlo porque son las reglas de la democracia, pero en términos morales es espantoso. Rige el artículo 36 de la Constitución Nacional que dice que quienes se enriquecieran por delitos contra la administración pública es considerado una analogía a la traición a la Patria, entonces este señor no podría ocupar nunca ningún cargo”, apuntó.

Dijo, en tal sentido, “qué paradoja que el ganador de la Intendencia de este lugar no solamente ha sido condenado por delito de enriquecimiento ilícito y tiene otras causas en trámite sino que no podría ingresar a la administración pública central por la condena, no puede ser empleado. Esto habla muy mal de la moral media de la política, esto a título absolutamente personal, pero la decepción en esos términos es así”.
Jury en su contra
Consideró, consultado sobre el jury en su contra que fue desestimado y que se originó a partir de la denuncia del abogado Carlos Guillermo Reggiardo, que “lo vi tan bizarro al planteo, tan poco serio, con causales tan ridículas y que inclusive varias de ellas estaban pensadas en un proyecto de juicio político anterior, cuando en la primera época de esta gestión del Dr. Bordet otros sectores contrarios a la política de este gobierno me intentaban hacer porque decían que los fiscales encubríamos al gobierno de Urribarri. Fue tan ridículo en realidad que hice lo que siempre aconsejé no hacer y es que escribí yo toda la contestación”.
“La prioridad tendría que ser otra”
También el procurador fue inquirido respecto a la respuesta de Urribarri al libro El Nido, de Daniel Enz, y en la cual el exgobernador habló de la “convergencia de tres patas, la política, la justicia y los medios de comunicación” según citó el periodista Antonio Tardelli. “Yo no voy a dialogar con quien formuló esa expresión, pero el tema es como que si nosotros le diéramos los datos o estaría arreglado entre nosotros y el periodista de investigación, cuando la prioridad tendría que ser otra: es falso o es verdadero lo que se dice en la información”, contrastó.

“Tomamos del periodismo de investigación lo que es crucial, lo que vemos que tiene color; y los casos de Alanis, Rossi, Yedro, Mori, Pacayut fueron iniciados por investigaciones periodísticas, investigaciones que obviamente salen de esa soberbia ilícita de los personajes de contar las cosas que hacen o de dejar huellas permanente de las cosas que hacen, pero de ninguna forma puede pensarse como que hay una connivencia”, aclaró.
Causa Contratos
Destacó que la denominada causa de los contratos truchos “Está cerca de elevarse a juicio. Ya está terminada en lo que es el tramo inicial, toda la maniobra de simulación de la asociación ilícita para detraer fondos públicos con contratos que no existían en realidad. Ya está toda la información recogida y se ha demorado un poco por pedido de las defensas, que han hechos planteos que, con mucho respeto, consideramos que son dilatorias”.

“Lo mismo que el planteo que hacen en esta causa de que tendrían que venir otros acusados, y esto es gracioso porque la tarea de fiscales es nuestra y es raro que los defensores estén buscando otros acusados más, que lo único que haría sería agregar coautoría a esta autoría horizontal o vertical”, detalló.

“Esta investigación va a tener un segundo momento, pero queremos cerrar éste porque la táctica defensiva es llevar esto a más tiempo y provocar esta sensación de que se diluyó o apaciguó la causa”, recalcó. Y explicó: “Para descubrir quién era el director que inducía a otros a que se llevaran los dineros públicos las pruebas tienen que ser mucho más contundentes. Entonces, cuando pretendemos cerrar este primer tramo es precisamente para no contaminar esta causa, que está tan bien determinada, mandarla a juicio y en ese mismo momento empezar a verificar con ese bagaje y otros más cuáles de los directivos de las Cámaras podemos llevar también como responsables con coautoría”.
Guerra jurídica: ¿sí o no?
Sobre el uso de la prisión preventiva, sostuvo que en la provincia “el Poder Judicial ha mantenido siempre esta doctrina de que la libertad es la regla durante la investigación, y prácticamente no hay prisiones preventivas en estas causas importantes”.

En el final, al ser consultado sobre la “lawfare” o guerra jurídica como un término que se suele utilizar para denunciar que se persigue a opositores, García aseguró: “Guerra jurídica en Entre Ríos no tenemos absolutamente de ninguna manera, lamentablemente el ámbito nacional tiene ingredientes en ese sentido”.
Fuente: FM Litoral - Análisis Digital.

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