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La exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, destituida por “mal desempeño”, está convencida que volverá a su puesto y confía en que la Suprema Corte le dará la razón. “La Corte me va a restituir en el cargo”, aseguró en “Puro cuento” (Radio Plaza 94.7).

Antes de ir a la Corte, denunció penalmente a dos vocales que integran la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, como también al integrante de la Sala Civil, Martín Carbonell.

Para la exfiscal, su destitución es la culminación de una serie de acciones que ubica en 2018, cuando se abrió la investigación penal por “contratos truchos” en la Legislatura. “Fue una reacción política ante una causa judicial, no una causa política”, sostuvo.

-¿Cómo define a la causa de los “Contratos truchos”?

-Fue un robo a mansalva, simulando contratos. Fue obra de un grupo organizado que se dedicó, durante 11 años, a simular la contratación de gente para robar la plata. En Entre Ríos, lamentablemente, la Legislatura ha sido el lugar donde se han enfocado para robar. Ya tenemos un vicegobernador condenado, Héctor Alanis, caso que está en la Corte. Lo de Alanis terminó en 1999: 19 años después volvió a estallar con otro robo a mansalva. En aquel robo de Alanis no se molestaban en simular contratos de personal; a partir de 2007 se empezó a generar este grupo, que generaba la simulación para justificar el retiro de dinero.

-¿Su destitución fue una vendetta por la causa “Contratos”?

-No es una vendetta. Es una forma de garantizar impunidad a futuro. Y se combina luego con la condena a (el exgobernador Sergio) Urribarri. La causa Urribarri empieza en septiembre de 2021 y el 30 de noviembre de ese año disponen mi suspensión: me sacan de la causa. Se combinaron varias cosas. La idea era que mi suspensión tuviera el efecto de entorpecer el juicio y a la vez dar un mensaje fuerte respecto a que la causa no iba a llegar a juicio, que es lo que están tratando de hacer ahora con el planteo de incompetencia.

-Quienes la denunciaron apunta a un nombre: Pedro Opromolla, que tuvo una relación comercial con usted. ¿Cómo lo explica?

-Opromolla era amigo de mi esposo. Soy la segunda esposa de mi marido. Ellos eran muy amigos de cuando fueron a la facultad. Luego, mi esposo estuvo 10 años fuera del país: se mantuvo la amistad pero no con la intensidad del principio. Mi esposo trabajó con una empresa que hacía edificios. Antes de la causa “Contratos”, habíamos invertido en esos edificios a pozo que hacía la firma donde trabajaba mi esposo. Compramos un departamento. Ese fue el único tipo de vínculo, no tenía yo vínculo con Opromolla. Y la legislación nuestra es clara respecto de los motivos de excusación de fiscales. Solamente nos podemos excusar si se dan causales que afecten gravemente la imparcialidad y objetividad. Esta situación de Opromolla de haber sido amigo de mi esposo no es causal de apartamiento. Y además no me generaba afectación a mi objetividad. Por eso yo consideré que no era necesario que me excuse. Eso quedó demostrado en la causa. No hubo ningún beneficio para Opromolla. En el juicio que se me hizo no pudieron demostrar absolutamente nada.

-¿Por qué denunció penalmente a algunos vocales del Superior Tribunal?

-Los denuncié porque considero que cometieron delito. Denuncié a Carubia, a Mizawak y a Carbonell, que dispusieron un juicio por un tribunal especial para mí y decidieron apartar al Ministerio Público Fiscal como órgano de la acusación. Nunca me gustó tener una actitud sumisa. Cuando vi que hicieron esto, los denuncié. Respecto de uno de ellos, ya conocía el perfil. No tuve ninguna duda que tenía que denunciar la ilegalidad. En el caso de Carubia, sabemos qué orientación tienen sus fallos. En las causas de corrupción, tiene un sesgo permanente y ese sesgo es buscar la impunidad. Todos sus fallos apuntan a la impunidad, anular condena, disponer absoluciones, muchas veces de manera insólita.
Consejo de la Magistratura
Goyeneche también se despachó contra la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el gobernador Gustavo Bordet y que refrendó la Legislatura.

“En la Justicia se marcó una diferencia entre el juez que llegó a su cargo por concurso y el que fue puesto a dedo: la diferencia está dada en que el concursado tuvo que pasar por un sistema de selección, que era bueno, con defectos, pero perfectible, que había funcionado bien, sin políticos en el Consejo de la Magistratura. Lamentablemente, en este proceso de búsqueda de impunidad se dictó una ley que modificó el sistema de selección de jueces. (El exgobernador Jorge) Busti decidió que iba a nombrar al primero en la terna de postulantes que enviaba el Consejo de la Magistratura. No había lugar para negociación. Eso cambió ahora. Acaban de nombrar juez de Cámara al que estaba en el número 16 en la terna. En diez años eso no ocurrió. Se nombraba al primero de la terna. Esto es lo que destruyó Bordet el año pasado al modificar la ley: fue el primer gobernador que no nombra al primero de la terna. Pasó a ser algo negociable. Puedo estar en el puesto 16 y puedo negociar. Existe esta percepción ahora”, disparó.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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