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A casi cuatro meses de su destitución como fiscal Anticorrupción, la ex fiscal Cecilia Goyeneche dialogó en el programa “Cuestión de Fondo” (que se emite por Canal 9, Litoral), sobre la realidad de quienes deben enfrentar al poder al momento de investigar hechos de corrupción.

Goyeneche se encuentra destituida desde hace tres meses, pero está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justiciad de la Nación que le restaure su situación. En el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), tuvo definiciones determinantes vinculadas con la lucha contra la corrupción, donde señaló: “La corrupción se alimenta de impunidad”.

También criticó al poder político por la reforma que introduce en el Consejo de la Magistratura: “La Legislatura y el Ejecutivo le regala la designación de jueces al Superior Tribunal de Justicia porque lo meten como un organismo de contralor en cada una de las instancias del concurso de un magistrado”.
“Función un poco más académica”
-¿Cómo fueron estos últimos tres meses, donde usted después de la destitución baja el perfil “y se pone en el modo silencio”?
-Después de la destitución tuve un período de mucho trabajo; también en la interposición de los recursos, donde se trabaja mucho, puertas adentro, para construir eso. Y luego, laboralmente, me he estado ocupando un poco más en todo esto que es la cuestión académica, estudiar y estar un poco más enfocada en otros aspectos de la vida.

-Se puede decir una cuestión más retrospectiva.
-Sí, he empezado a trabajar en otras áreas. He estado dando algunas conferencias o he estado en áreas vinculadas a la corrupción; pero no ya en la función de investigación pública, sino en una función un poco más académica.

-Usted siempre pensó, junto a sus abogados, que la definición de la Corte respecto de su caso podría llegar antes de fin de año. ¿Sigue pensando lo mismo o considera que por allí se puede poster mucho tiempo más?
-Bueno, no… uno desea que fuera antes de fin de año. Nunca se podrá saber cuándo lo resolverá la Corte. Los plazos de los tribunales colegiados son siempre difíciles de definir. Y también la intervención de la Corte implica la intervención previa del Procurador General de la Nació; que también eso tiene un tiempo. Así que no es posible dar una fecha para eso. Puede ocurrir que la Corte Suprema resuelva cuanto antes o pase para el año que viene, también. Absolutamente para nada extraño que pase para el año que viene.

-Usted entiende que, en virtud de esta demora, el gobierno aceleró los tiempos Legislativos para la nueva ley de la Fiscalía Anticorrupción; incluso tenemos entendido que llamarán a concurso a fines de septiembre, principio de octubre.
-Para que quede bien claro esto: yo soy Procuradora Adjunta. Mi cargo no es el de Fiscal Anticorrupción… es decir, a mí me asignaron las funciones de la Fiscalía Anticorrupción porque pasaron 10 años en 2018 cuando me designaron en esas funciones. Habían pasado 10 años de la sanción de la nueva Constitución y no se había logrado que se legisle sobre eso. De allí que ahora concursen esos cargos, es algo razonable una vez que saquen la ley. Lo que sí es cierto y yo o planteé en el primer día es que esta decisión de destituirme es una decisión que nació muerta. Porque es una decisión que se va a revocar en algún momento.

-Está convencida que eso va a suceder.
-Salvo que pasemos a ser un Estado de no derecho, digamos. Si pensamos que alguna ley rige en este país, esa resolución se tiene que revocar en algún momento. Por algina vía algún Tribunal lo va a hacer, porque es imposible que suscita, es ilegítima desde lo procesal como desde lo material. Es absolutamente ilegítima. Pero, cuál es la ganancia en esta acción que tomaron para interrumpir las investigaciones de corrupción… la ganancia es el tiempo. Por eso, decidieron… inclusive cuando uno lee la sentencia de destitución ve que los jueces, podemos decir “se van de boca” algunos de ellos y dicen cosas personales hasta agresiones hasta personales, ¿no? Eso no lo hace un juez que está pensando que su sentencia no va a ser revocada. Pero, lo que ganan es tiempo porque de esta manera, con todo el tiempo que yo esté fuera y hasta que se me reincorpore en el cargo, es una situación de una suerte de pérdidas de recursos materiales para hacer las investigaciones y de incomodidad, de imposibilidad de gestionar con normalidad los procesos por delitos de corrupción. Y eso, en este proceso, en todo ese tiempo se viene un montón de cuestiones adicionales. Sacan Fiscalía Anticorrupción, en hora buena. Pero, además, destruyen el Consejo de la Magistratura; hay (proyectos) de ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público; proyecto propuesto por el Colegio de la Abogacía; proyecto de modificación del Código Procesal Penal para restar facultades para investigar a los fiscales. Todas esas cosas son una batería que tiene el mismo objetivo: horadar a la posibilidad que se investigue la corrupción en la Provincia de Entre Ríos.

-Usted entiende que en estos últimos meses se siguió profundizando la distancia entre el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General y los fiscales. ¿Es así?
-No tiene que haber ni cercanía ni distancia entre unos y otros. Lo que tiene que haber es el cumplimiento del rol de acuerdo al derecho.

- ¿Pero, hubo cosas como el pedido de desalojo de las oficinas de la Procuración por parte del Superior Tribunal de Justicia?
-El Superior Tribunal de Justicia tomó una posición política de sumarse a este embate, vinculado a la interferencia en la función del Ministerio Público Fiscal. Tomó esa decisión política cuando decidió abrir el Jury, incluso divulgaron sus votos antes de la apertura del Jury, cuando empezamos nosotros a sorprendernos de saber cómo venía esto. Esa decisión política se ha plasmado en un montón de cuestiones, el último episodio fue esta de decir “salgan del edificio de Tribunales”.
Programa del 31 de agosto de Cuestión de Fondo
-A todos pareció una medida muy extrema…
-Es como echar al copropietario. No sé en qué instancia está eso; no obstante, es bastante extraño echar solamente al Ministerio Público Fiscal, que es el que molestaba. Pero, tiene que ver con todo esto de decisiones de lo que se quiere hacer es interferir en un organismo que se trata de cooptar, se trata de que este organismo tome decisiones de acuerdo a lo que es una postura política; este organismo no se repliega a eso; actúa con independencia y, bueno, pasan estas cuestiones.

-Y a todo eso se suma esta decisión de denunciar al fiscal Ignacio Aramberry. Eso ustedes lo calculaban como algo previsto dentro del plan de avanzada.
-La causa de los contratos de la Legislatura, es algo que resulta y todos los sabemos y cualquier entrerriano lo puede percibir es insoportable para el sistema político. Son capaces de quemar cualquier nave.

-No solo para el sistema político, está claro que también para un buen sector del plano judicial.
-Por supuesto, los incorporaba dentro de este sistema político. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos pertenece a lo que estoy definiendo como sistema político… de hecho son designados por una política y no en base a un procedimiento de antecedentes y oposición, sino de manera discrecional. Entonces, la causa de los contratos de la Legislatura es insoportable y están dispuesto a hacer muchas cosas con tal que esa causa no llegue a instancias de juicio; esencialmente por el temor de lo que se pueda seguir descubriendo en esta causa; a partir incluso de lo que pase en este juicio oral y público. Bueno, yo lo planteaba cuando interpusimos el recurso: en mi destitución algunas de las palabras de algunos de los vocales del Superior Tribunal de Justicia en el recurso de destitución, incluso dan a entender que tienen ese interés, de llegar a poner en cuestión la causa de los contratos. Eso es claro en el voto, por ejemplo, de la vocal (Gisela) Schumacher. Y entonces en esa trama, bastante natural, cuando supimos que la Corte estaba por sacar su definición respecto de la competencia, sucede el pedido de juicio contra Aramberry.

-¿Por qué?
-Porque se iba a destrabar el tema de la competencia y podía continuar el trámite de la causa. Entonces eso hace que haya un nuevo interés en hacer una maniobra de entorpecimiento en relación con esa causa concreta. Una denuncia absolutamente disparatada, absurda, sin ningún contenido; pero que es funcional a esta idea de tener a los fiscales atemorizados, a que nadie se atreva a investigar corrupción porque va a tener que padecer en su vida personal y en su vida profesional consecuencias directas respecto de esas acciones.

-¿Y usted entiende que termina con Aramberry o sigue con otros protagonistas de ese ámbito de gente que investigó o que tiene vinculación con la causa contratos?
-No tengo idea. La verdad que la interpretación de las maniobras de este sector de la vida entrerriana, digamos, tampoco me esfuerzo demasiado en tratar de aventurar una interpretación porque me parece que son capaces de cualquier cosa.

-Capaces de cualquier cosa.
-Sí, capaces de cualquier cosa.

-Y usted siente que hoy por hoy hay una intromisión política como pocas veces ha sucedido en los últimos años en el propio Tribunal de Justicia o considera que son normales los movimientos que se están produciendo.
-Es increíble la intromisión que hay. Es una definición. En algún momento… se ha visto en algún otro período también que el Superior Tribunal de Justicia se ha plegado mucho a un determinado gobierno de turno o que le ha hecho la vida imposible a un determinado gobierno, depende de la situación. Lo que ahora desembozadamente se ve es la connivencia, la actuación es simbiótica entre unos y otros. Lo que pasa ahora con la sanción de la ley del Consejo de la Magistratura, donde destruyen a una institución que ha funcionado adecuadamente durante 20 años y que es un factor de orgullo para todos los que estamos vinculados al sistema judicial entrerriano: cambiando la composición; le regalan prácticamente la designación de jueces; la Legislatura y el Ejecutivo le regala la designación de jueces al Superior Tribunal de Justicia porque lo meten como un organismo de contralor en cada una de las instancias del concurso de un magistrado. Eso da cuenta de cómo están trabajando este tema en conjunto.
Causa Vialidad
-¿Cuánto siguió la actuación del fiscal federal Diego Luciani en la causa Vialidad?
-Lo seguí bastante, obviamente no al 100 por ciento porque era muy largo. Pero, he escuchado algunas partes de la acusación.

-¿Y qué le pareció la acusación?
-Me pareció correcta. Me pareció que se hizo un trabajo minucioso, muy esforzado… eso implica, obviamente, por atrás, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo de análisis de la causa, me pareció que ha hecho un muy buen papel.

-Y obviamente no le sorprendió la reacción que hubo, ya sea de la propia Cristina Fernández de Kirchner ni de la amplia mayoría del peronismo.
-No me sorprendió para nada esencialmente porque la corrupción se alimenta de impunidad. Entonces, cuando la impunidad se encuentra en riesgo; incluso con una acusación… esto es la existencia de un relato en el sentido que se lo pueda poner en palabras la información existente en esa causa -porque hasta ese momento para nosotros era opaca, no llegábamos a eso, no la podíamos conocerla-… cuando se pone en palabras esta información se sobre reacciona sobre eso, porque lo que se necesita es que quede en las sombras, que no se sepa. Porque eso es parte también de la impunidad.

-¿Cómo le cayeron las declaraciones de Alberto Fernández cuando dice que a Luciani no le pase lo mismo que a Alberto Nisman?
-Me asombró muchísimo que un Presidente de la Nación hable de la forma en que puede terminar la vida de una persona... es muy grave… aunque lo haya hecho de buena fe o no haya querido insinuar nada en particular, me parece de muy mal gusto. De hecho, un Presidente de la Nación no debe hablar de una causa en trámite. Si quisiéramos ser un país en serio esto nos espantaría a todos. No hay motivos. No tiene que ver con la libertad de expresión, porque no la tiene él como Presidente… él tiene que resguardar su función y eso es lo prioritario. Pueden opinar otras personas, pero no el Presidente.

-Entre los protagonistas en las diferentes instancias de movilización y vigilia o como se la denomine apareció Sergio Urribarri. ¿Le sorprendió eso?
-No, para nada. Porque no solamente que está viviendo, creo, en Buenos Aires; sino que además me parece que es muy funcional a su propio interés. Está frente a un proceso de una condena recurrida y esto, obviamente, le interesa personalmente para trabajar sobre la evolución de su causa.
El diálogo con sus pares y la sociedad
-¿Habla de vez en cuando con los fiscales de la provincia?
-Sí, con algunos de ellos tengo vínculos personales y conversamos con frecuencia.

-¿Y qué le dicen? ¿Cuán preocupados están en seguir investigando causas por corrupción?
-Por supuesto que cualquier fiscal de la provincia y del país están muy preocupados en cómo se sobre reacciona frente a este tipo de investigaciones. De hecho, yo integro una red de fiscales anti corrupción que está organizada y dirigida por el Consejo de Procuradores de la República Argentina… el viernes justamente tenemos una reunión en Buenos Aires en relación con eso, donde se van a charlar justamente estos temas. Porque hay algo si nosotros pretendemos tener un Estado de Derecho sustentable –y es lo que pretendemos sin ningún tipo de dudas- no debemos ser ajenos o mostrarnos tibios frente a estas cuestiones. No puede ser que cualquier fiscal que investigue la corrupción, simplemente por cumplir sus funciones, tenga que padecer este tipo de consecuencias.

-¿Anda usted por Paraná? ¿La gente le dice algo?
-La gente sigue manifestándome su cariño de diferentes maneras y sí… me manifiestan su apoyo. Sobre todo, ponen de manifiesto su ilusión de que algo cambie en algún momento. Es decir, esta sensación de prevalencia de la impunidad es algo que tiene mucha gente y están muy cansados y esto es lo que moviliza a la gente a decirme cosas por ahí, cuando nos cruzamos en la calle.

-Usted se queda a hablar con ellos…
-Me quedo, sí, claro, con todo gusto. Lo que les digo es que me parece que es un trabajo de todos. La actuación de cada uno de nosotros en una democracia no debe ser que otro nos dé el producto y que en este caso es el cese de la impunidad, sino que tenemos que trabajar entre todos para eso. Creo que hay mucha gente muy dispuesta a hacer algo, a poner su granito de arena, aunque pensemos que es mínimo para que esto cambie. Tenemos que generar un cambio cultural. Esto no lo vamos a cambiar de un día para el otro; pero sí tiene que haber un cambio cultural donde no se toleren determinadas actitudes de diversos sectores: del Poder Judicial, de Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

-Usted nota que ya sea en sectores extrapartidarios, de la oposición e incluso declarados independientes como gremiales y de diversos organismos y entidades, no reflejan ese compromiso que se estima debe existir sobre estos temas.
-Esto es lo que me refería anteriormente sobre la impunidad: esta sensación de que siempre la impunidad tiene a última palabra; y el fiscal que investiga la corrupción paga las consecuencias y al final… bueno… yo estoy destituida… esa sensación genera mucha desesperanza. Y eso hace que muchas personas bajen los brazos. Por eso me parece muy importante pensar que también hay un día después de esto… y que de alguna manera tenemos que generar que se modifique. Y es cierto que uno esperaría de algunos sectores una actitud distinta y un poquito más firme en torno a estas cuestiones.
Fuente: Análisis Digital - Cuestión de Fondo.

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