Con respecto a la situación de Francia y Solari, Rader precisó que “la mujer está detenida en Paraná, a la vez que su esposo lo está en Gualeguaychú. En primera instancia, y cuando se hace una indagatoria, la Justicia Federal tiene un plazo de diez días para resolver la situación procesal de los sospechados, es decir procesarlos, dictarles falta de mérito o sobreseimiento. En esta caso particular se conoció una resolución, y es por eso que justamente ayer (por este miércoles), viajé a Concepción del Uruguay, ya que había transcurrido un tiempo mayor al que establece el Código Procesal Penal. En el transcurso de este tiempo, unos de los imputados, de apellido Trinidad y quien estaba prófugo, fue capturado. Es por eso que se amplió el plazo para resolver su situación”.
“En Concepción del Uruguay -continuó Rader- me manifestaron que el día 5 de julio salió el procesamiento, mediante el cual se resolvieron las situaciones procesales de todos los imputados, y se dictó prisión preventiva para varios de ellos, al tiempo que se dictó el procesamiento en libertad a tres de ellos. Por su parte a dos, se les dispuso la falta de mérito”.
Luego el abogado expresó que “a mi criterio, la prisión preventiva para los imputados, es una cuestión que será apelada de mi parte. Yo defiendo los derechos y, si se quiere, soy garantista (…) La prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa que existe dentro del Código Procesal Penal. A través de múltiples tratados nacionales e internacionales, se discutió que este tipo de prisión debe ser de ‘última ratio’, es decir excepcional o plenamente justificada. Nuestro Código establece que la misma se utiliza ante un caso de entorpecimiento de la investigación o fuga”.
“En el ámbito provincial, es más discutible la prisión preventiva, pero en el ámbito de la Justicia Federal es mucho más difícil”, acotó. A su vez, Rader puntualizó que “a mis defendidos (Francia y Solari) se les dictó prisión preventiva, y por ese motivo estoy organizando la apelación. Durante alrededor de dos años se hizo una investigación mediante escuchas telefónicas, y la Policía armó un expediente, informando de ellos al Juzgado, previa autorización del mismo para la intervención de los teléfonos y demás (…) Es lógico que en conversaciones telefónicas que se dieron durante dos años, hay cosas que se pueden entender de una manera u otra. Las escuchas telefónicas, deben ser estudiadas, porque si bien son un elemento de la investigación, no siempre tiene la veracidad suficiente para demostrar la culpabilidad o no”.
“La Justicia Federal actúa muy ‘de libreto’. Es decir, les llegan los resultados de este tipo de investigaciones, e inmediatamente ordena allanamientos. Pero la misma desconoce cuáles son las condiciones de vida de los involucrados (…) Estamos hablando de personas de distintas localidades, todas investigadas por un mismo Juzgado, y es muy difícil garantizar que no entorpecerán la investigación o sedarán a la fuga”, sostuvo el letrado. Luego dijo que “a mis defendidos les imputan su supuesta participación en una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes (…) Es tan amplia la interpretación de una ley que, por dar un ejemplo, una persona que presta un auto ya puede ser parte de una banda. No es real que los 17 imputados andaban vendiendo drogas”.
El contacto con sus defendidos
Al respecto, Rader expresó que “los he visitado en los penales en los que están detenidos. Ellos están muy mal por esta situación, y es más que entendible. Estas situaciones son muy complicadas y llevan mucho tiempo las apelaciones por ejemplo, las cuáles deben ser llevadas a Paraná”.“De mi parte, trato de hacerles entender que esto es un proceso, y no tengo dudas que se demostrará la inocencia tanto de Gabriela como de Juan Pablo”, señaló. Al tiempo, sostuvo que “esto llevará tiempo y trabajo. Hay que destacar que ellos no pueden generar ingresos porque están detenidos, pero sin embargo generan gastos a raíz de este proceso”.
“En la Justicia Federal se extiende un tiempo de prisión preventiva hasta el inicio del juicio. En cualquier momento de la etapa de investigación se puede solicitar la revisión del caso”, explicó.
Luego dijo que “apelaremos esta prisión preventiva y veremos qué se decide en Paraná. Reitero, para mi este tipo de prisión debe ser muy excepcional, porque es muy agresivo desde lo procesal. En este caso hablamos de una familia muy conocida de Concordia, que trabajan y tienen sus hijos. Son personas públicas y entiendo que no entorpecerían la investigación del caso”.
En cuanto a la apelación, señaló que “tenemos un plazo de tres días a partir de la notificación, y fuimos notificados este miércoles. Es decir, tenemos tiempo hasta el próximo lunes”.
