El hecho ocurrió en el sector de cocinas de la Unidad Penal N°7 "Casiano Calderón", de Gualeguay, donde Lescano cumplía una condena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de robo simple en grado de tentativa. El 7 de noviembre, ocho meses después de su asesinato en el penal, hubiera recuperado su libertad.
Condenado en juicio abreviado
El asesino de Lescano admitió su culpabilidad en el hecho y aceptó la pena que le impuso la Justicia hace un año atrás: 12 años y 6 meses, que se sumaron a la condena que ya venía cumpliendo, y que estaba a punto de cumplirse. Cristian Ibarra fue condenado a 9 años de cárcel en un caso de abuso sexual agravado. Al momento del asesinato de Lescano dentro del penal le restaban apenas diez meses para recuperar la libertad.Así, después de la condena que acordó Ibarra en juicio abreviado el 22 de junio de 2017, a los diez meses que le restaban cumplir de la condena, se le agregaron 12 años y seis meses más por el homicidio de Lezcano.
La Justicia no logró probar por qué lo mataron. El fiscal de la causa, Ignacio Telenta, dijo entonces a la prensa que “hubo una pelea, pero no sabemos bien el motivo. Se barajaron dos hipótesis. Por una pareja o por la venta de estupefacientes en la Unidad Penitenciaria. No hubo debate porque se llegó a un acuerdo de autoría”, relató y completó diciendo que “Lescano, estaba también próximo a salir, luego de ser trasladado a lo que se conoce como Pabellón Modelo, cuando ocurrió el incidente que le costó la vida en la zona de la cocina”.
Millonaria demanda
Resuelta la culpabilidad del autor de la muerte de Lescano, su viuda, en representación de sus dos hijos, inició una demanda al Estado entrerriano por ese hecho, y le reclama un resarcimiento de $11 millones. La demanda está caratulada “Flores María del Carmen y Otros c/Estado Provincial y/o Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ordinario daños y perjuicios”, y tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 1, de Gualeguay, a cargo del juez Fabián Morahan.La acción legal fue iniciada por el abogado Antonio Rolando Cirigliano, con una petición de pago de daños y perjuicios por la muerte de Lezcano de un monto de $11.000.361,71. En su presentación en la Justicia, el letrado señaló que “siguiendo expresas instrucciones de mis mandantes, vengo a promover formal demanda de daños y perjuicios” contra el Estado y/o el Gobierno de Entre Ríos o “quien resulte patrimonialmente responsable de la muerte violenta provocada a Julio César Lescano”.
Relató, en su escrito, que Lescano “fue víctima de una apuñalada practicada por otro interno, el cual ocasionó su deceso, que el ataque fue propinado por el interno Ibarra, provisto con un elemento punzocortante, sin que se haya acreditado legítima defensa o agresión alguna por parte de la víctima, que ante el incumplimiento del deber primario de seguridad y custodia de los internos, por el cual debe velar el Estado provincial a través del Servicio Penitenciario, resulta responsable civilmente de los daños y perjuicios que dicho hecho provocó y continúa provocando a mis mandantes”.
Dijo, además, que el Servicio Penitenciario “ha incumplido con el deber de seguridad que debió garantizar a los condenados y/o procesados”, incumplimiento que, agrega, “provocó el homicidio del señor Julio César Lescano. Y relata la dilación que debió soportar la mamá de Lescano, María de los Angeles Barreto, cuando se entera de lo sucedido en el penal el 20 de enero de 2017.
La mujer acude a la cárcel y allí le informan que había sucedido “algo”, y la derivan al Hospital San Antonio. Allí le dicen que había sido devuelto a la Unidad Penal N° 7 pero sin darle demasiados detalles. A la madrugada del día siguiente, se entera de que su hijo había muerto. Pero la familia recién puede dar con el cuerpo a las 21,30 del día sábado 21 de enero, “demora que justificó el personal del nosocomio local mediante argumentos inverosímiles tales como extravío de llave de la morgue o que no sabían confeccionar partida de defunción, partida que al día de la fecha no ha sido entregada”.
“Agrava la responsabilidad objetiva de seguridad que pesa sobre el Servicio Penitenciario la circunstancia de que la muerte de Lescano fue un hecho que previsiblemente pudo haberse evitado, con la toma de debidos controles y cuidados para prevenir altercados y lesiones”, dice el escrito, que recuerda además que “dos meses antes (aproximadamente) del deceso, Lezcano estaba en el Pabellón Modelo en la celda N° 4, con los internos Ibarra, Valussi, Reynoso y Godoy, en aquella oportunidad le pidió al director que lo trasladen a otro pabellón por problemas que tenía con Ibarra, originados en ataques verbales y hostigamiento personal que le infligía”.
