Este comunicado sale en respuesta al proyecto del diputado Marcelo Casaretto que obtuvo consenso en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que todos los jueces paguen Ganancias, y que se trataría en la próxima sesión. “Las y los trabajadores no obtenemos ningún tipo de ganancia, entregamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario”, argumentaron desde AJER y aseguraron que esta iniciativa “en una época en donde claramente los trabajadores venimos perdiendo en la disputa por apropiación de la renta, la aplicación de impuestos sobre los ingresos de los asalariados, no hace más que profundizar esta desigualdad e injusticia, profundizándola aún más”.
En otra parte del comunicado sostuvieron que “el Gobierno debería controlar a las grandes corporaciones que fugan las divisas que produce el trabajo de los argentinos y que remarcan los precios descaradamente, y tomar medidas que controlen la inflación”.
“Lo que Argentina necesita es un sostenido aumento en los ingresos de los trabajadores, comerciantes y pymes, que distribuya la riqueza en forma justa y de manera que permita un crecimiento y desarrollo equitativo, es decir un país realmente más democrático. La contracara es la concentración de la riqueza en manos de las grandes corporaciones que extorsionan, coartan y corrompen el sistema democrático”, manifestaron.
Paro y movilización
En ese marco, las y los trabajadores judiciales nucleados en AJER y la FJA, que reúne a 23 sindicatos de los poderes judiciales de todas las provincias y de la Justicia Federal convocaron a un paro total de actividades de 24 horas este martes 25 de octubre. Las filiales tendrán la facultad de movilizarse en su jurisdicción.La declaración del estado de alerta y movilización también contemplará la realización de asambleas informativas “para evaluar la evolución de la situación”.Preocupación desde Cortes y Superiores Tribunales
En ese marco, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó en un comunicado “profunda preocupación frente a la propuesta de modificar nuevamente el Impuesto a las Ganancias”.“Es preciso recordar que la Ley 27.346 ya había incluido en dicho impuesto a los y las integrantes de los Poderes Judiciales de la Nación y de las Provincias”, indicaron. En ese contexto, desde la Junta entienden que “este proyecto de reforma en la norma impositiva constituiría un avasallamiento a la garantía de independencia funcional y una afectación a las bases fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno”.
“Como ya ha sido expresado por esta Junta Federal –continúa el comunicado–, en la actualidad aún se mantiene una amplia asimetría en las remuneraciones entre los diferentes Poderes Judiciales, por lo que la pretendida modificación generaría una brecha mayor en las retribuciones”.
Cerrando el comunicado, indican que “como máximas/os responsables de los Poderes Judiciales provinciales debemos expresar nuestra enorme preocupación ante esta nueva pretensión que vuelve sobre situaciones ya consolidadas normativamente e instar a la reflexión, el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas y coherentes a los problemas de la Argentina”.
El Colegio de la Abogacía repudia el paro de Judiciales
Desde la entidad que agrupa la matrícula de la abogacía entrerriana repudian el paro convocado por la Asociación de Judiciales de Entre Ríos para este martes 25, a raíz de la extensión del Impuesto a las Ganancias que está en análisis en el Congreso de la Nación. “No se puede defender un privilegio de un sector por sobre el resto de la sociedad”, aseguraron desde el CAER.La conducción del CAER remarcó que “los jueces y empleados judiciales tienen los mismos derechos y obligaciones ante el fisco que el resto de los argentinos. La sociedad no apoya esta clase de privilegios”.
Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos sostuvieron que “entendemos que se debe debatir integralmente una política tributaria integral, justa y progresiva. Que grave impuestos a los sectores con mayores ingresos para el sostenimiento del Estado. Pero ese debate se debe dar en igualdad de condiciones entre trabajadores, sean del sector público que sean”.
