La iniciativa enviada por el gobierno, tiene como finalidad derogar la ley 10.533, del año 2017, que estableció la existencia de créditos presupuestarios destinados a gastos reservados y le asignó carácter de “confidencial” a la información respecto de montos y utilización efectiva. Además, el proyecto prohíbe a futuro la utilización de este tipo de recursos sin rendición “como forma de blindar a nuestra provincia de estos posibles nichos de corrupción”, según se indica en los fundamentos.
En el texto se expuso también que los gastos reservados tienen la característica fundamental de eludir los procedimientos renditivos ordinarios que deben observar las demás erogaciones del Estado. Entre Ríos es una de las 17 provincias en las que existen este tipo de fondos.
“Si bien su existencia y secretitud ha sido justificada en la necesidad de atender a través de ellos objetivos de estrategia, seguridad o prevención del delito, lo cierto es que estos dineros públicos pueden ser utilizados para financiar a la política o para enriquecer a funcionarios, constituyendo verdaderos sobresueldos”, se argumentó más adelante.
