En octubre se aprobó, en Concordia, por unanimidad la normativa que persigue una doble finalidad: por un lado, prevenir el incumplimiento de los deberes asistenciales y por el otro, reparar la situación de desamparo en la que se encuentra el niño.
El proyecto está conformado por 15 artículos que establecen que en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos se deberán atender diversas funciones como por ejemplo la creación de una base de datos; extensión de certificado de Libre Deuda Alimentaria, comunicación con Tribunales; inscripción o baja en el Registro; además de hacer una convocatoria a los sectores de la sociedad que tengan incumbencia en los objetivos de la Ordenanza, etc.
"Dicho proyecto surgió de la necesidad de contar con herramientas razonables que se puedan utilizar con el objetivo de que el deudor alimentario no evada el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias" afirmaron Laner y Dell’Olio.
